Crisis hospitalaria en Caldas: millonarias deudas de la Nueva EPS dejan a miles sin atención médica clave

El panorama de la atención médica en Caldas atraviesa una coyuntura crítica debido a la millonaria deuda que la Nueva EPS mantiene con varios hospitales clave del departamento, como lo detalla el medio local LA PATRIA. El saldo pendiente, que supera los 171 mil millones de pesos con la Clínica Avidanti, 26 mil millones con el Hospital San Félix de La Dorada y 67 mil millones con el SES Hospital Universitario de Caldas, ha desencadenado el cierre total de servicios en las dos primeras instituciones y una drástica reducción en la cobertura del Hospital Universitario. Este hecho amenaza la sostenibilidad de la red hospitalaria pública y privada, arriesgando la atención médica de miles de afiliados.

Ante este panorama, el director encargado de la Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC), Jorge Rubio Jiménez, explicó a LA PATRIA que desde principios de 2024 la entidad ha reforzado su vigilancia y acompañamiento para mantener la continuidad de los servicios en el departamento. Rubio advirtió que, pese a las restricciones, la atención a pacientes graves o ya hospitalizados está garantizada como mecanismo de emergencia, situación que refleja el colapso progresivo de la capacidad operativa debido a las limitaciones financieras.

Esta crisis no es un fenómeno aislado. Un informe del Observatorio de Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia resalta que los problemas de financiación y los atrasos en los pagos de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) incrementan la debilidad del sistema hospitalario regional. Como resultado, el acceso y la calidad de los servicios de salud se deterioran especialmente en zonas donde la dependencia a las EPS es alta y las alternativas, escasas.

Las consecuencias inmediatas saltan a la vista, particularmente para quienes requieren tratamientos especializados, como pacientes ortopédicos que dependen de insumos costosos para cirugías o quienes necesitan atención cardiovascular de alta complejidad. De acuerdo con la Academia Nacional de Medicina, la suspensión de servicios integrales incrementa el riesgo de complicaciones y lleva a un aumento en la presión sobre hospitales de menor nivel que no cuentan con todos los recursos humanos y materiales para casos complejos.

Ante esta emergencia, las autoridades han optado por impulsar el fortalecimiento del primer nivel de atención, solicitando a hospitales públicos y privados ampliar su capacidad resolutiva. Además, se ha priorizado la articulación con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), que permite gestionar, regular y optimizar la referencia de pacientes entre diferentes instituciones para evitar congestión en hospitales de alta complejidad. Aun así, expertos y analistas insisten en la necesidad de reformas estructurales, subrayando que la falta de pagos oportunos no solo pone en riesgo la infraestructura hospitalaria, sino que mina la confianza de los usuarios en el sistema.

La situación en Caldas se replica a nivel nacional. Según la Contraloría General de la Nación, en 2023 la cartera morosa de las EPS con la red de prestadores superó los 2.3 billones de pesos, una deuda que afecta tanto a hospitales urbanos como rurales y que exige una revisión profunda de los modelos de aseguramiento y financiamiento del sistema de salud en Colombia.

Por último, esta crisis golpea aún más a los sectores más vulnerables de la población: adultos mayores, pacientes con enfermedades crónicas y personas de bajos recursos. Organizaciones como Derechos en Salud han documentado, en entrevistas realizadas en julio de 2025, la creciente preocupación y frustración entre los afiliados de la Nueva EPS en Caldas por la dificultad de acceder a tratamientos, lo que aumenta no solo los costos económicos, sino el sufrimiento personal y la desigualdad.

En definitiva, lo que ocurre en Caldas ilustra de manera contundente los retos del sistema de salud colombiano. Garantizar la continuidad y universalidad en la atención médica pasa por resolver de fondo la financiación, fortalecer la capacidad institucional y asegurar que los procesos de vigilancia y control se cumplan a cabalidad, en beneficio de todos los ciudadanos.

Preguntas frecuentes relacionadas

La referencia y contrarreferencia es un procedimiento administrativo y médico dentro del sistema de salud colombiano mediante el cual un paciente es remitido de una institución con menor capacidad tecnológica o resolutiva a otra que cuente con los medios adecuados para su diagnóstico o tratamiento. El proceso inverso, la contrarreferencia, ocurre cuando el paciente regresa a su institución de origen para continuar la atención una vez solventado el problema especializado. Este flujo busca racionalizar los recursos disponibles y asegurar que los casos más complejos sean atendidos donde existe la infraestructura necesaria, como ocurre en la actual crisis de Caldas bajo la gestión del CRUE.

En contextos de limitaciones financieras y operativas, una referencia eficiente resulta esencial para evitar el colapso de hospitales de alta complejidad y garantizar que los pacientes críticos no queden sin atención. Sin embargo, si no se gestiona adecuadamente, puede sobrecargar al primer nivel de atención y generar barreras de acceso, especialmente perjudiciales en regiones donde las alternativas hospitalarias son limitadas.

La morosidad de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) ocurre cuando estas no pagan a tiempo los servicios prestados por clínicas y hospitales. Esta situación provoca desfinanciamiento en los centros de salud, quienes, al no recibir los recursos pactados, ven limitada su capacidad para comprar insumos médicos, pagar salarios o invertir en infraestructura, repercutiendo en la atención ofrecida a los usuarios.

Para el usuario, la consecuencia más visible es la restricción o suspensión de servicios médicos, derivándose en demoras, traslados forzados a otras ciudades y, en el peor de los casos, la denegación de procedimientos vitales. A largo plazo, esto genera desconfianza en el sistema de salud, incrementa la inequidad y profundiza las brechas sociales, haciendo urgente la revisión de los mecanismos de financiamiento y supervisión de las EPS, como advierten las fuentes citadas.