El millonario contrato para poner Internet en 88 colegios que no tenían estudiantes

El sonado escándalo de corrupción de Centros Poblados y el Ministerio de las TIC para llevar conectividad a 7.000 escuelas en zonas rurales, dejó en el limbo la conexión a internet de miles de estudiantes en todo el país. Mientras esas investigaciones siguen adelante, la Fiscalía reveló otro caso de malversación de recursos públicos en el que, de nuevo, el acceso a la web para cientos de alumnos quedó en veremos. Esta vez, los afectados son niños y jóvenes que estudian en Buenaventura (Chocó).

El nuevo episodio coincide, también, con las fechas en las que la unión temporal Centros Poblados se organizó para presentar su propuesta para quedarse con el ambicioso plan del gobierno Duque de conectar a las zonas más apartadas. Mientras que el ministerio terminaba de evaluar a los proponentes, durante el último trimestre de 2020, en Buenaventura se terminó de finiquitar un contrato que prometía lograr lo que el gobierno central no había hecho en años: llevar internet a 88 colegios del municipio.

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Para octubre de 2020, en plena pandemia por el covid-19, el entonces secretario de Educación, Hamington Valencia Viveros, le puso la firma al millonario negocio que terminó costando más de $1.341 millones. El contratista fue la Empresa de Telecomunicaciones de Popayán (Emtel), que se comprometió a conectar 88 colegios con internet, pero solo por dos meses. Además de la astronómica cifra del contrato y del hecho de que solo era por un tiempo mínimo de ejecución, la Fiscalía encontró una situación todavía más polémica.

Para esa época, explicó el fiscal del caso, no había ni un solo alumno en las aulas de esos 88 colegios, pues todos estaban en sus casas, estudiando de manera virtual, cumpliendo con la cuarentena obligatoria decretada por el gobierno. Además, en el expediente reposan pruebas de otra situación que probaría cómo se habría desviado dinero público, que debía estar invertido en la educación de niños y jóvenes. “Emtel, como compañía encargada de llevar internet a los colegios, al parecer, subcontrató a otras dos entidades para cumplir con el contrato”, dice la Fiscalía.

Según el ente investigador, esa subcontratación habría generado un beneficio económico superior a los $ 206 millones a favor de la empresa. “Finalmente, se acreditó que el contrato se cumplió en un 66 %, pues se garantizó conectividad a 62 planteles, algunos de los casos en condiciones que incumplían los lineamientos estipulados por el Ministerio de las TIC”, agregó la Fiscalía. Por la gravedad de los hechos, el exsecretario fue enviado a prisión mientras sigue la investigación, así como en contra de otras siete personas, incluyendo al representante legal de Emtel, Jorge Hernán Gómez Timaná.

Los otros investigados son: Vladimir Torres García, Elsa Gamboa Camacho, Daniceth Yaneth Asprilla Rivas, Clemente Viáfara Ante, Heny Yohana Candelo Ortega y Deisy Cecilia Ortega Perea, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público agravado e interés indebido en la celebración de contratos. En cuanto al exsecretario Valencia, también deberá responder por estos delitos, y por el de peculado por apropiación.