Vendedores en Corabastos de Bogotá destaparon grave problema y piden ayuda

La Defensoría del Pueblo presentó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca una acción popular, recurso jurídico que busca restablecer los derechos colectivos a la libre competencia económica de 200 vendedores informales que tenían puestos en Corabastos, mayor central de alimentos del país con sede en el sur de Bogotá. La acción popular fue admitida por el Juzgado 59 Administrativo de Bogotá.

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La acción constitucional, que también busca restablecer los derechos de los usuarios, es contra la Corporación de Abastos de Bogotá S.A. (Corabastos), la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Ministerio de Agricultura, ya que integran la junta directiva de esa central, toman las decisiones administrativas y están encargados de regular la política pública de alimentación en todo Colombia.

“A la Defensoría del Pueblo se acercaron 97 vendedores informales, quienes nos solicitaron apoyo jurídico. Luego de analizar el caso, decidimos acompañarlos con una acción popular. Algunos de los vendedores llevaban 20 años en Corabastos, tenían permiso de venta, pagaban un arriendo, administración, incluso seguridad por el espacio, pero les fue retirado”, resaltó el defensor del pueblo, Carlos Camargo Assis.

Según el funcionario, los vendedores perdieron los espacios de trabajo el 23 de marzo del 2020, al inicio de la pandemia. “Hay una evidente vulneración de sus derechos. Los privaron del acceso al mínimo vital y a la libre competencia económica. Hemos solicitado que sean reintegrados los vendedores estacionarios”, aseguró.

Cabe señalar que la acción popular fue presentada luego de que la Defensoría del Pueblo citara, en agosto del 2022, a los asociados de Corabastos para que, junto con los usuarios, se buscaran alternativas de diálogo que permitieran restaurar los derechos de los vendedores afectados.

A través de la regional Bogotá, previamente, se adelantó una solicitud para conocer los nuevos protocolos de asignación de puestos de trabajo de ventas ambulantes permanentes; sin embargo, ante la negativa de la respuesta, la regional radicó un derecho de petición, recurso que al parecer no fue respondido en los tiempos de ley.

La entidad, con la acción popular en marcha, le solicitó al togado “ordenar una inspección judicial en la Central de Abastos de Bogotá para determinar si es cierto o no que (los espacios) están libres o fueron ocupados por personas diferentes a los accionantes”, se lee en el recurso colectivo.

En otra de las solicitudes, la Defensoría del Pueblo pidió que sean valoradas las pruebas de 97 vendedores que tenían un espacio en la plaza mayorista; esto, para establecer cuál era la relación comercial entre los vendedores y Corabastos.

“Esperamos que el juez examine pronto esta acción popular y sean tenidas en cuenta las vulneraciones de los derechos de los vendedores, quienes perdieron su sustento y la posibilidad de mantener a sus familias”, puntualizó el defensor Camargo.

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