Auditoría de la Contraloría encontró irregularidades millonarias dentro de la UNP

Luego de una auditoria financiera realizada a la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Contraloría General de la República evidenció tres hallazgos que podrían ser pérdidas millonarias para la entidad.

El primer hallazgo se debe a un presunto daño patrimonial de $6.321 millones, como consecuencia de deudas que desde hace más de cinco años gobernaciones y alcaldías tienen con esta entidad por concepto de servicios de protección que se les ha prestado.

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Se evidenció que el valor de $6.321.522.231, que corresponde a convenios inter administrativos que datan desde 2016 con varias entidades, son cuentas por cobrar de difícil recaudo por la UNP.

Entre las entidades que adeudan dineros a la UNP aparecen las gobernaciones de Norte de Santander, Meta, Arauca, Vichada, Caquetá y Guajira, así como la Cámara de Representantes, el Fondo Paz, el Ministerio de Agricultura y el INVIMA.

¿Cuáles son las otras irregularidades?

En un segundo hallazgo, la Contraloría Delegada para el Sector Defensa y Seguridad encontró otro hallazgo de carácter tributario que supera los $15 mil millones por arrendamiento de vehículos blindados de la UNP.

Se determinó que en los contratos suscritos por la UNP “el IVA se calculó teniendo como base gravable especial la establecida en el artículo 462-1 del Estatuto Tributario, es decir, 19% sobre el AIU (administración, imprevistos y utilidad)”.

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En ese sentido, las irregularidades de los contratistas de la UNP determinaron una inadecuada liquidación de $15.053.847.960,22 al comparar el IVA facturado y el IVA calculado sobre la base general del 19% sobre el valor total del contrato.

En un tercer hallazgo, La Contraloría también evidenció incumplimiento contractual y otras irregularidades en el contrato 1052 de 2022 suscrito por la Unidad Nacional de Protección para la adquisición de un software ERP, hecho por el cual se generó un presunto daño patrimonial de $481.375.350.

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“La UNP no otorgó prórroga al contratista, pero tampoco adelanto el debido proceso, ni se hicieron efectivas las garantías. Por tal razón, se generó un presunto daño al patrimonio público por el 50% del valor del contrato, que correspondió a $481.375.350”, expresa el informe del ente de control.