Contraloría lanzó advertencia sobre recursos para emergencia del terremoto: cerca de $ 30 billones

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Esta determinación institucional se formalizó mediante la Resolución Reglamentaria Orgánica 0075 de 2026 y regirá por un periodo continuo de 4 años.

En medio de casos insólitos contra los damnificados del terremoto en Colombia, un anuncio sirvió como golpe sobre la mesa de cara al futuro para abordar esta realidad en el país.

La Contraloría General de la República activó un esquema especial de auditoría preventiva enfocado en los dineros públicos asignados para superar los daños causados por el sismo del pasado 10 de agosto y la tragedia que provocó, replicó Blu Radio.

El Gobierno Nacional calcula que las tareas de asistencia social, reparación y reconstrucción de la infraestructura comprometida requerirán inversiones aproximadas a los 30 billones de pesos.

Esta determinación institucional se formalizó mediante la Resolución Reglamentaria Orgánica 0075 de 2026 y regirá por un periodo continuo de cuatro años en el territorio nacional.

La vigilancia especial cubrirá 16 departamentos declarados en situación de calamidad: Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Norte de Santander, Bolívar, Nariño, Sucre, Caquetá y Santander.

El rastreo financiero cobijará fondos asignados del Presupuesto General de la Nación, dineros territoriales, donaciones privadas, auxilios internacionales y empréstitos de crédito público.

La entidad fiscalizadora monitoreará el recorrido completo del presupuesto, verificando desde la fuente inicial de financiación hasta los contratos finales, interventorías, despachos de asistencia y ejecución física de proyectos.

El contralor general, Jorge Laverde Vargas, explicó que la estrategia busca anticiparse a eventuales irregularidades administrativas para proteger los dineros del Estado.

“Con esta decisión ponemos en marcha la cuarta generación del control fiscal, aprender de los daños conocidos y detectar los riesgos y actuar antes de que el dinero se pierda. Usaremos análisis de datos para reconocer patrones de riesgo con alertas tempranas y revisión humana”, afirmó Laverde.

El ente rector asumirá la potestad de fiscalizar la gestión presupuestal de los municipios y gobernaciones incluidas dentro de la emergencia territorial.

Paralelamente, se habilitarán canales oficiales de veeduría para incentivar la denuncia comunitaria sobre los programas de apoyo estatal desplegados en las zonas afectadas.

El organismo de control prometió rendir cuentas periódicamente a la ciudadanía sobre los hallazgos e investigaciones derivadas de este plan de control territorial, donde Chocó, Risaralda, Caldas, Quindío y Valle del Cauca fueron las más afectadas en el territorio nacional.

¿Cuáles fueron las afectaciones en Colombia por el terremoto?

El potente sismo de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto causó graves emergencias humanas e infraestructurales en múltiples regiones del territorio colombiano.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres reportó un balance consolidado de 331 víctimas mortales, 4.519 personas heridas y más de 100 ciudadanos desaparecidos.

El evento telúrico afectó severamente a 498 municipios distribuidos en 16 departamentos, dejando un saldo aproximado de 293.743 familias damnificadas en todo el país.

En materia habitacional, las autoridades sanitarias y de socorro contabilizaron 36.336 viviendas completamente destruidas y más de 201.000 inmuebles residenciales con averías considerables.

Asimismo, las evaluaciones técnicas confirmaron el colapso de 709 edificaciones urbanas e institucionales, además de afectaciones en 5.889 estructuras a nivel nacional.

Las redes de servicios básicos y equipamiento social sufrieron daños de consideración, incluyendo impactos directos en 400 centros de salud y 4.292 sedes educativas.

Respecto a la conectividad terrestre y aérea, la emergencia vial generó afectaciones en 468 carreteras, 104 puentes vehiculares y peatonales, además de perturbaciones en cinco aeropuertos.

Departamentos como Chocó, Risaralda, Caldas, Quindío y Valle del Cauca concentraron los mayores niveles de devastación física y pérdida de vidas humanas.

Ciudades capitales como Pereira, Manizales, Cali y Quibdó registraron colapsos parciales de edificios residenciales, locales comerciales y sedes asistenciales.

Para atender a la población vulnerada, el Gobierno Nacional activó subsidios de arrendamiento temporal dirigidos a las familias que perdieron la totalidad de sus viviendas.

Igualmente, los organismos de control estatal desplegaron auditorías preventivas sobre los presupuestos públicos destinados a las labores de reconstrucción territorial.