Espaldarazo a Petro por demanda contra el CNE; Consejo de Estado tomó dura decisión

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Según el Consejo de Estado, la decisión del CNE no constituye un “acto definitivo” sujeto a control judicial, ya que se trata de un acto de trámite que abre la investigación sin resolver el fondo del asunto.

La Sección Quinta del Consejo de Estado rechazó una demanda de nulidad que pretendía detener la investigación y cargos formulados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 por presuntas irregularidades en su financiación.

Dicha demanda fue presentada por Sebastián Fausto Méndez Toloza, quien cuestionaba la validez de la Resolución 05175 emitida por el CNE el 8 de octubre de 2024, que abrió una investigación sobre la financiación de la campaña de la coalición Pacto Histórico en ambas vueltas electorales.

(Vea también: Petro ganó pulso en tutela por llamar “muñecas de la mafia” a periodistas: ¿qué ocurrió?)

Según el Consejo de Estado, la decisión del CNE no constituye un “acto definitivo” sujeto a control judicial, ya que se trata de un acto de trámite que abre la investigación sin resolver el fondo del asunto.

En el auto, el magistrado ponente Omar Joaquín Barreto Suárez señaló que “la resolución demandada es un acto de trámite” y que, por ello, “no constituye una decisión definitiva susceptible de control de legalidad por parte del juez de lo contencioso administrativo”.

(Vea también: Frenan jugada de Petro para evitar investigación del CNE; proceso seguirá su curso)

La demanda hace referencia a que la investigación del CNE se basa en una queja anónima presentada en febrero de 2023, la cual acusa a la campaña de omitir el reporte de ciertos ingresos y gastos.

(Lea también: “Dejen trabajar”: Claudia López volteó la torta y pidió al CNE no investigar a Petro)

Según los cargos formulados, las supuestas omisiones en la primera vuelta sumarían más de 3.700 millones de pesos, involucrando aportes de sindicatos y gastos de transporte aéreo. En la segunda vuelta, los cargos también incluyen posibles omisiones en otros reportes financieros, con un valor aproximado de 1.600 millones de pesos.

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