Concejal tendría nexos con Eln; su alias sería 'El rey' y se encargaría de lavar dinero

En un operativo realizado por la Sijín de la Policía de Santander fue capturado Raimundo Duarte Díaz, concejal de Piedecuesta (Santander). Duarte fue imputado por la Fiscalía por sus presuntos nexos con la guerrilla del Eln y su supuesta participación en los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El concejal es señalado de haber legalizado más de $ 13.000 millones provenientes de negocios ilegales del grupo armado ilegal.

El concejal del Partido Conservador sería el presunto líder de una organización ilegal creada para formalizar empresas que servirían para legalizar los dineros ilegales del Eln. Los dineros provendrían de actividades ilegales como el narcotráfico y las extorsiones efectuadas por la guerrilla en los departamentos de Norte de Santander, Santander y Cesar. Al parecer, serían dineros obtenidos por el extraditado integrante del Eln, Yamit Picón Rodríguez, conocido como La Choncha.

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Junto al concejal Duarte, también fueron capturados los hermanos Laura Viviana Claro Bonilla, conocida como ‘Lampara’, y Víctor Daniel Claro Bonilla, conocido como ‘Antanilla’, quienes también estarían relacionados con la guerrilla del Eln. La Fiscalía estableció que los contratos se habrían suscrito desde el 1 de diciembre de 2016. Las capturas se dieron en el marco de la operación “Esparta” adelantada por las autoridades.

El ‘Rey’, como era conocido el concejal Duarte, habría participado en la creación de varias empresas y a través de ellas lavar el dinero del Eln. El concejal conservador sería el encargado de adquirir, vigilar, administrar y ocultar 41 bienes inmuebles y 24 vehículos adquiridos a través de estas empresas con dineros producto de actividades ilícitas.

Las autoridades afirmaron que el concejal Duarte Díaz habría contribuido de manera importante al aumento de más de $ 1.700 millones en las arcas de la guerrilla del Eln. Además, habría aumentado su propio patrimonio en más de $ 5.700 millones gracias a varias actividades comerciales y transacciones de apariencia legal.

En el caso de Laura Claro, la imputada habría ocultado activos superiores a $ 801 millones y registró un posible enriquecimiento ilícito de $ 204 millones. Sobre su hermano, la Fiscalía afirmó que estaría involucrado en el lavado de más de $ 2.827 millones desde 2013 a 2020, además, la entidad señaló que se habría presentado un posible aumento en su patrimonio de $ 1.122 millones sin justificar la procedencia de los dineros.

El concejal fue imputado por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. A los hermanos les fueron imputados los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Después de ser capturados por la Sijin, los tres procesados recibieron prisión preventiva dentro de un establecimiento del Inpec.