Inestabilidad del edifico Space fue advertida por Curaduría, según correos

Este es uno de los elementos que el juez 13 penal de Medellín no admitió como prueba contra los presuntos responsables del colapso.

En uno de ellos, revela Semana, Luz Dary Ramírez, funcionaria de la Curaduría Segunda de Medellín, pide al arquitecto Willman Seohanes Barros, director de obra en la constructora Lérida CDO, solucionar un problema de inestabilidad detectada en el estudio de suelos.

“Plantear la solución a las inestabilidades señaladas en el estudio de suelos (era para el 18 de abril)”, afirma el correo que fue entregado por la Fiscalía al despacho del juez como acervo del caso.

Esta comunicación fue dirigida, al igual que otras que fueron aportadas por los investigadores para respaldar las acusaciones por el delito de prevaricato por acción a los curadores urbanos Eliney Llanos y Carlos Alberto Ruiz, un año después de haber entregado la licencia de obra.

En otro correo aportado por la Fiscalía, dice Semana, Ramírez pide a la constructora que complete la documentación requerida para cerrar el proceso de licenciamiento, un año después de haber entregado ese permiso.

“1. Falta formato de memorias de cálculo. 2. Faltan memorias de diseño de todos los elementos estructurales y no estructurales. 3. Debe llevar el refuerzo de las pilas hasta las campanas”, indica el correo que tiene como asunto “Parte estructural de los proyectos”.

Los familiares de las 12 víctimas del edificio Space esperan a que el funcionario judicial explique por qué no admitió estos correos para emitir el sentido de fallo con el que fueron absueltos los curadores urbanos.

“Estamos convencidos de la responsabilidad de ambos. Está claro cuál fue la causa del colapso. Está claro que se violaron normas sismorresistentes. Y está claro que no se hizo un control efectivo para el licenciamiento de cada una de las etapas del proyecto”, afirmó Juan Camilo Muñetón, representante de las víctimas de CDO, a El Tiempo.

Hasta tanto el juez no dé lectura del fallo no será posible apelar la decisión que tardaría hasta dos años más en ser revisada por un tribunal superior de justicia, apuntó El Espectador.