Bogotá
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Miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresaron este martes su compromiso en una reunión privada con familiares de Guillermo Cano.
El encuentro se produjo en el marco del 169 periodo de sesiones del organismo, que se celebra en Boulder (Colorado, Estados Unidos).
Después de la reunión, el director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), el abogado Pedro Vaca, explicó que el relator de la CIDH para Colombia, Francisco José Eguiguren Praeli, se comprometió a trasladar al resto del organismo la petición de la familia para reactivar el caso de Cano, asesinado en 1986 por denunciar las actividades de los capos de narcotráfico.
“Se comprometieron con fechas para los familiares y sus representantes. Diciembre de este año en principio deberíamos tener una evaluación por parte del pleno de la comisión”, dijo Vaca en declaraciones a dos periodistas.
Según Vaca, la CIDH se comprometió también a dar “prioridad al caso para redimir el tiempo desperdiciado”, puesto que el asunto ha estado parado en el organismo durante años.
A petición de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la CIDH estudió el caso del asesinato de Cano y concluyó en 2001 que el Estado colombiano había incumplido su deber de proteger la vida del periodista y tampoco había hecho los esfuerzos necesarios para investigar, juzgar y sancionar a los responsables.
Aunque la Comisión se posicionó en 2001, la familia de Cano no conoció la existencia de esa decisión hasta abril de 2018 por una serie de “errores y situaciones que no se pueden explicar”, detalló Vaca.
Cano fue tiroteado por sicarios en la noche del 17 de diciembre de 1986, cuando salía hacia su casa luego de escribir su último editorial en su despacho de El Espectador.
En 2010, la Fiscalía de Colombia declaró el asesinato como crimen de lesa humanidad, lo que impide que prescriba, y consideró que el delito se produjo como “parte de un plan urdido” por el desarticulado Cartel de Medellín, liderado entonces por el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, abatido en 1993.
En los casi 32 años del delito, la Justicia colombiana solo ha condenado a una persona por el asesinato de Cano.
A la reunión de hoy con miembros de la CIDH acudió la viuda de Cano, Ana María Busquets; su hija, María José Cano, y su nieta María José Medellín; así como el director ejecutivo de la SIP, Ricardo Trotti, entre otros.
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