Ataques del ELN en Catatumbo y respuesta militar intensifican debate sobre la seguridad en regiones bajo control ilegal

Una nueva escalada de violencia en el Catatumbo ha encendido alarmas y volvió a poner en el centro del debate nacional la seguridad en regiones bajo influencia de grupos armados ilegales. De acuerdo con El Espectador, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) perpetró el viernes ataques con drones contra el Cantón Militar El Trapiche, en Ocaña, y la subestación de Policía de Guamalito, en El Carmen. Como consecuencia, fallecieron tres militares y otros seis resultaron heridos. Estas acciones, que se expanden incluso hacia municipios del sur del Cesar, ocurren en medio de una estrategia del actual gobierno, liderada por Abelardo de la Espriella, que promueve una respuesta militar más ofensiva y la promesa de imponer seguridad o paz utilizando las armas.

El ministro de Defensa Jorge Eduardo Mora anunció ajustes en la campaña militar y policial Esparta, intensificando el bloqueo de rutas cruciales utilizadas para el tráfico ilegal de armas y personal armado, así como la instalación de dos centros de coordinación de inteligencia y judicialización. La directora adjunta para América Latina de Crisis Group, Elizabeth Dickinson, advirtió a El Espectador que estas operaciones pueden romper la confianza de las comunidades si no se prevén represalias y repercusiones.

En paralelo a la crisis en Catatumbo, las fuerzas militares han obtenido resultados operativos relevantes. Recientemente, informaron la muerte de Naín Andrés Pérez, alias “Bendito Menor”, jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), durante un operativo en Riohacha. La Fundación Ideas para la Paz (FIP) ha documentado que las ACSN han construido una fuerte influencia territorial en Magdalena, Cesar y La Guajira, regulando aspectos de la vida comunitaria e imponiendo rentas ilegales como la extorsión.

No obstante, la Defensoría del Pueblo y la FIP han subrayado que la reducción del poder de estos grupos requiere algo más que operaciones armadas. Javier Flórez, de la FIP, enfatizó que aumentar el pie de fuerza no necesariamente se traduce en mayor seguridad y advirtió sobre la fragmentación criminal y el desplazamiento de economías ilícitas. Otro aspecto crítico es la muerte de menores en bombardeos, según Medicina Legal, lo que ha derivado en restricciones judiciales a las operaciones militares en zonas donde hay presencia de niños reclutados.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, cuestionó el uso de la muerte como herramienta de exhibición de autoridad y llamó a que la respuesta estatal esté regida por la Constitución y el Derecho Internacional Humanitario. Afirmó que la seguridad auténtica se debería medir en derechos garantizados y vidas protegidas, no en el número de bajas. Así, el foco del debate recae en si la estrategia del Estado está siendo suficiente y adecuada para transformar el territorio sin cruzar límites éticos o legales definidos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué impacto tuvo la muerte de “Bendito Menor” en las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada?

La eliminación de “Bendito Menor”, jefe de un frente de las ACSN, fue un golpe importante al liderazgo armado de la organización, según información de El Espectador y la Fundación Ideas para la Paz. Sin embargo, no implica necesariamente el desmantelamiento de su influencia territorial, pues la ACSN mantiene estructuras profundas en la Sierra Nevada y el control de rentas ilegales. Especialistas alertan que pueden ocurrir reacomodamientos internos y nuevas disputas por el poder que perpetúan la violencia en la región.

¿Cuáles son los riesgos de una estrategia militar ofensiva sin presencia estatal sostenida en Catatumbo?

Los expertos consultados por El Espectador y la Defensoría del Pueblo advierten que, sin una presencia estatal permanente, las ofensivas militares pueden fragmentar los grupos armados y desplazar la violencia, pero no garantizan seguridad a largo plazo. En ausencia de justicia, servicios públicos y protección institucional, las regiones pueden quedar expuestas a reacomodamientos criminales y ciclos reiterativos de violencia, afectando especialmente a las comunidades locales.