Caso de Álvaro Uribe fue asignado a fiscal cercano al exprocurador Alejandro Ordóñez

Se trata de Gabriel Ramón Jaimes Durán, que actualmente se desempeña como fiscal coordinador de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

Después de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema le remitiera el caso directamente al Fiscal General, Francisco Barbosa, este comunicó que se lo asignaba a Jaimes Durán “por la complejidad del asunto, su alto impacto nacional y en aras de garantizar el debido proceso a todas las partes“.

Barbosa agregó en el comunicado que el fiscal que quedará a cargo del proceso “cuenta con la experiencia y el reconocimiento institucional en el adelantamiento de casos de gran connotación“, por lo que espera que asuma la investigación “con independencia y autonomía”.

La designación de la persona que llevaría el caso suscitó críticas y comentarios desde el momento en que se supo que la Corte Suprema enviaría el caso a la Fiscalía. Por ejemplo, el senador Iván Cepeda anunció que recusaría al fiscal Barbosa considerando que estaba impedido para asumir el caso por ser amigo del presidente Iván Duque.

¿Ficha de Ordóñez?

Sin embargo, el nuevo fiscal también podría ser objeto de suspicacias viendo que trabajó en dos instancias con el actual embajador de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordóñez, según El Espectador: la primera como su magistrado auxiliar en el Consejo de Estado, y luego como procurador delegado del Ministerio Público en asuntos penales.

Ese diario también destaca que Ordóñez –que ha sido cercano al uribismo e incluso compitió con Iván Duque en una consulta previa para elegir candidato presidencial en 2018– también comparte con Jaimes Durán su origen santandereano, su alma máter (la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga) e incluso “sus posturas políticas y religiosas”.

El Espectador también sostiene que la embajada de Estados Unidos le retiró la visa, según dice que le confirmaron fuentes diplomáticas, aunque el fiscal Barbosa lo niega.

El nuevo encargado del caso debería comenzar por definir la solicitud de libertad inmediata que hizo la defensa del exsenador esta semana, considerando que la detención domiciliaria ordenada por la Corte perdía efecto con el traslado de su caso al ente acusador y sin que se hubiera hecho una imputación formal.