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6 alcaldes capturados por caso Mario Castaño; están salpicados en masiva red de corrupción
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Por: Redacción Nación
Actualizado: 2022-08-12 07:15:48
La Fiscalía informó que los funcionarios fueron detenidos por la investigación que se adelanta contra el exsenador, señalado de manipulación de contratos.
El excongresista Mario Castaño fue capturado por las autoridades en junio pasado por presuntamente liderar una red de corrupción dedicada al amaño de contratos en varias regiones del país. De acuerdo con las pesquisas de las autoridades, el desfalco al Estado ascendería a los 60.000 millones de pesos.
Producto de las investigaciones, el ente judicial informó en las últimas horas la detención de seis alcaldes, que habrían hecho parte de la red de Castaño. Los funcionarios estarían salpicados en el entramado que, según estableció la Corte Suprema de Justicia en un informe, exigía “el pago de un porcentaje de contratos públicos que se les entregaban a los contratistas señalados por el grupo”.
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¿Qué alcaldes fueron capturados por el caso Mario Castaño?
La Fiscalía confirmó que se trata de los siguientes funcionarios:
- Ronald Villegas, alcalde de Suárez, Cauca,
- Jhonattan Vásquez, alcalde de La Merced, Caldas,
- Diego Fernando González, alcalde de Aguadas, Caldas,
- Gloria Stella Raigoza, alcaldesa de Alcalá, Valle del Cauca,
- Medardo Ortega, alcalde de Armero Guayabal, Tolima
- Andrés Felipe Aristizábal, alcalde de Villamaría, Caldas
El ente investigador señaló, además, que los alcaldes habrían adelantado por lo menos 15 contratos y 39 operaciones contractuales, los cuales tenían intereses indebidos.
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La red de corrupción también involucraría a empresarios y personas cercanas a Castaño, quienes tendrían cargos importantes en el Congreso de la República. La Fiscalía aseguró a los medios de comunicación que continúa tras la pista de algunos congresistas que tuvieron vínculos personales, políticos y algunos negocios con el senador.
Los investigadores interceptaron las llamadas telefónicas de Castaño y sus presuntos cómplices, en las que se evidencia un interés indebido por todo tipo contratación con entidades locales, regionales y nacionales. Los hechos vendrían ocurriendo desde 2018.
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