"Otro delito distinto": caso Juliana Guerrero da giro por decisión que tomó la Procuraduría

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La exfuncionaria del gobierno de Gustavo Petro no cumplirá en un establecimiento carcelario ni en prisión domiciliaria la condena de tres años dictada.

Desde Barranquilla, en la Asamblea Nacional de Personeros, el procurador general Gregorio Eljach aseguró que aunque en el proceso penal contra Juliana Guerrero ya hubo un principio de oportunidad y una condena por haber presentado títulos falsos que salieron de la Fundación San José, con los que intentó aspirar al Viceministerio de Juventudes del Ministerio de la Igualdad, el procurador delegado ante este caso apeló la decisión y pidió que se analice la posibilidad de que haya incurrido en otro delito.

“El procurador delegado ante ese caso apeló y dijo que había que examinar la posibilidad de la comisión de otro delito distinto a aquel mediante el cual hicieron el acuerdo. Él tiene autonomía plena e independencia, nadie lo manda, yo no lo mando, él ejerce su función y el juez evaluará si tiene razón o no. De allí saldrán las decisiones”, fueron sus palabras a los medios de comunicación.

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Vale recordar que la exfuncionaria del gobierno de Gustavo Petro no cumplirá en un establecimiento carcelario ni en prisión domiciliaria la condena de tres años dictada en su contra, luego de aceptar ante las autoridades judiciales que presentó títulos académicos falsos.

Aunque Juliana Guerrero no iría a la cárcel, el despacho impuso una serie de sanciones económicas y administrativas que deberá cumplir de manera obligatoria durante el mismo periodo de la condena. El juez le ordenó el pago de una multa económica de aproximadamente 175 millones de pesos a favor del Estado.

De igual forma, la sentencia le prohibió de forma expresa ejercer cargos o funciones públicas durante los mismos tres años que contempla la sanción penal.

El otorgamiento de la suspensión condicional de la pena se dio tras un duro llamado de atención realizado por el juez a la procesada durante la vista pública.

El juez enfatizó que la conducta imputada no correspondió a un descuido o error, sino a una actuación consciente para acceder a un cargo de alta responsabilidad estatal.

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“Estamos hablando de una persona que estaba entregando unos documentos para ser nombrada viceministra de las juventudes, un cargo que implica la mayor responsabilidad, no solo con el Estado, sino con la juventud de este país”, cuestionó el juez.