Para rebajar pena, policía implicado en muerte de Javier Ordóñez aceptó cargos

Así se conoció en la nueva audiencia virtual que se cumplió este martes 16 de marzo, aunque la diligencia tuvo que ser suspendida por problemas de conexión, hasta el próximo 6 de abril.

Cabe recordar que los delitos que le endilgó la Fiscalía por todas las acciones que cometió junto con su compañero Harby Damián Rodríguez Díaz y que terminaron con la vida de Javier Ordóñez fueron los de homicidio agravado y tortura.

Sin embargo, antes de los problemas técnicos, Jesús Herrera, el abogado de Lloreda alcanzó a explicar ante el juez y el fiscal, citó Noticias Caracol:

“Juan Camilo Lloreda acepta cargos y le solicito a su señoría que en esta audiencia se haga el preacuerdo que esta previsto”.

El informativo explicó que la decisión del uniformado, que antes se había declarado inocente, tiene como objetivo conseguir una rebaja en la pena.

Ahora está en manos del juez decidir si acepta o no el preacuerdo al que la Fiscalía llegó con el policía, hoy retirado de la institución.

Según los reportes de los investigadores, Lloreda fue quien accionó la pistola taser en varias oportunidades contra Ordóñez y luego participó en lo que sucedió dentro del CAI Villa Luz donde la víctima recibió fuertes traumatismos en hechos que aún se investigan.

Entre tanto, el medio añadió que la Fiscalía seguirá adelante con la acusación contra Rodríguez. El escrito de acusación de esa entidad indica que una vez estuvieron en el CAI, los dos policías le propinaron varios golpes al padre de familia con complicidad de otros compañeros.

En otro juicio, la Procuraduría destituyó e inhabilitó a los dos uniformados durante 20 años para ejercer cargos públicos, pues determinó que actuaron “brutalidad e intencionalidad” al violentarlo físicamente pese a su estado de indefensión.

Los hechos se registraron el 8 de septiembre de 2020, y sobre la 1:40 de la madrugada del siguiente día la Clínica Santa María del Lago confirmó la muerte de Ordóñez como consecuencia de los “múltiples traumatismos en abdomen y región lumbar ocasionados por los golpes propinados por los agentes del Estado”.

Los hechos desembocaron fuertes protestas contra la represión policial el 9 y 10 de septiembre en las que murieron otros 10 ciudadanos.