"Superintendentes”: Abogado de Deicy Jiménez dio adelanto de ventilador en escándalo sobre Petro

La mujer declaró ante la Corte Suprema durante varias horas y, según su abogado, todavía tiene información y pruebas que podrían ampliar la investigación.

La investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia por las denuncias de Deicy Jiménez sobre presuntos contratos estatales a cambio de favores sexuales podría involucrar a más funcionarios públicos.

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Así lo advirtió Andrés Felipe Caballero, abogado de la mujer, quien aseguró que todavía hay nombres por conocerse y que entre ellos podrían aparecer “ministros y superintendentes”, en diálogo con La FM.

En entrevista con La FM, el defensor sostuvo que su representada está dispuesta a continuar colaborando con las autoridades y aportar nuevos elementos para respaldar sus declaraciones. Según explicó, Jiménez se comprometió a entregar otras pruebas en una diligencia reservada, después de comparecer ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema.

La declaración de la mujer se extendió desde las 8:30 de la mañana hasta el mediodía del 29 de octubre. Durante la diligencia respondió preguntas de los intervinientes y ratificó, según su abogado, los señalamientos que había expuesto previamente sobre una presunta estructura en la que mujeres habrían sido utilizadas para obtener contratos con entidades del Estado.

Caballero afirmó que hasta el momento tienen identificadas a 48 mujeres que, según su versión, estarían relacionadas con esa red. Sin embargo, advirtió que el número podría aumentar y que otras personas podrían acercarse a las autoridades para entregar sus testimonios.

Los funcionarios que podrían aparecer en la investigación

El abogado señaló que los posibles involucrados no se limitarían a personas sin fuero constitucional. En su entrevista mencionó que podrían surgir nombres de ministros y superintendentes, además de servidores públicos que tendrían que responder ante la Fiscalía.

Al referirse a uno de los contratos de Jiménez con el Ministerio del Interior, Caballero hizo alusión a Armando Benedetti, quien ocupó esa cartera. No obstante, aclaró que la investigación no está dirigida contra él y que cualquier eventual vinculación dependerá de las decisiones que adopten las autoridades.

🔴 #EnVivo | ¿Qué relación tendría Armando Benedetti en este caso?

En ‘Aquí y Ahora’ con la justicia de La FM, Andrés Felipe Caballero, abogado defensor de Deicy Jiménez, habla con @FelipQuintero

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— La FM (@lafm) October 31, 2026

La defensa también sostuvo que el caso podría tener implicaciones penales relacionadas con la contratación pública. Caballero mencionó posibles delitos como interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir agravado, aunque precisó que corresponde a los organismos judiciales determinar qué conductas se configuran y quiénes tendrían responsabilidad.

El abogado agregó que Jiménez tuvo comunicaciones por chat con Gustavo Petro. No entregó detalles sobre el contenido de esos intercambios, pero afirmó que serán puestos a consideración de la Sala de Instrucción para que sean valorados dentro del expediente.

La entrega de nuevas pruebas y las controversias durante la diligencia

Uno de los compromisos de Jiménez es aportar elementos adicionales que, según su defensor, permitirían respaldar los señalamientos. La información entregada por Caballero no precisa públicamente el contenido de esas pruebas, debido a la reserva que rodea la actuación judicial.

Durante la audiencia también surgió un desacuerdo entre las partes. El abogado contó que su representada decidió guardar silencio frente a algunas preguntas después de conocer que Alejandro Carranza, defensor de Petro y María José Pizarro, había anunciado una denuncia penal en su contra por presuntas irregularidades en los documentos que presentó para obtener contratos.

Caballero cuestionó esa actuación y la calificó como una forma de presión para afectar la participación de su clienta en el proceso. También aseguró que las intimidaciones habrían alcanzado a sus familiares, luego de que se difundieran datos personales y ubicaciones de personas cercanas a ella.

Por su parte, Carranza anunció acciones judiciales relacionadas con los documentos aportados por Jiménez y ha cuestionado la veracidad de parte de la información que ella ha divulgado. Esos señalamientos deberán ser examinados por las autoridades y no constituyen, por sí solos, una decisión sobre la credibilidad de la testigo.

La investigación continúa en la Corte Suprema, que deberá valorar las declaraciones y los elementos que se incorporen al expediente. La Fiscalía también tendrá que revisar las posibles conductas de personas que no cuentan con fuero, mientras que otras eventuales responsabilidades dependerán de la competencia de cada autoridad.