Cárceles se volvieron centrales de extorsión en Colombia: lo que encontraron en 57 patios

Más de 3.000 uniformados de la Policía y 1.000 del Inpec ingresaron este lunes a 57 patios de 18 cárceles de todo el país en una ofensiva contra la extorsión. En el país se han denunciado más de 7.000 casos de llamadas de reclusos que, con mentiras, intimidaciones y amenazas, logran arrebatarles dinero a personas inocentes. Y tras una intensa intervención en contra de esta modalidad extorsiva, las autoridades entregaron un parte de lo que encontraron.

Según un reporte que entregaron el Inpec y la Policía, hallaron 266 celulares con 440 tarjetas SIM, 1.257 armas blancas, 4.699 gramos de drogas ilícitas, 910 unidades de litros de licor de fabricación carcelaria y dinero en efectivo. En el operativo fueron registrados 11.560 privados de la libertad, de los 73.049 que están bajo custodia del Inpec. Es decir, casi el 16 % de todos los reclusos que están en las cárceles de todo el país.

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Esto no es menor, pues según cifras de la Policía, las llamadas desde las cárceles son el 32 % de los casos de extorsión denunciados. De allí que la intervención se haya concentrado en 18 centros de reclusión de Bogotá, Boyacá, Tolima, Caldas, Cauca, Cali, Valle, Norte de Santander, Santander, Medellín, Antioquia, Meta, Cesar y Atlántico. A su vez, ocho de los lugares intervenidos concentran el 94 % de los casos reportados, aseguraron las autoridades al entregar un balance de la operación.

La Policía, por ejemplo, informó: “el 11 % de los casos se presentan en la modalidad de falso servicio, que consiste en falsas solicitudes a personas para que supuestamente realicen un determinado trabajo en lugares escogidos por los criminales, situación que por lo general termina en un secuestro y la exigencia económica por un rescate”. En otros casos, las víctimas que reciben la llamada son constreñidas y hasta amenazadas hasta que los reclusos logran el pago.

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Si bien de un tiempo para acá se han tomado medidas como la instalación de inhibidores de señal en las cárceles, esta medida tiene varios desafíos. Por un lado, que la infraestructura instalada solamente inhibe señal 2G y 3G, cuando ya la mayoría de operadores móviles ofrece servicios 4G y 5G. Es decir, están obsoletos. De otro lado, en muchos casos, cuando los inhibidores sí funcionan, se pueden presentar pulsos con la comunidad que vive en los alrededores del penal, pues se ven afectados al no poder acceder ellos a internet y servicios de telefonía móvil.

En los últimos dos años, según cifras de la Policía, se han denunciado 4.102 extorsiones bajo esta modalidad. Para contrarrestar esta práctica criminal, el Gaula policial dice que ha logrado desmantelar 407 bandas delincuenciales, capturando a 1.835 personas, con lo que se evitó el pago de $ 710.090.398.304 millones por extorsiones. Además, el Inpec ha trasladado a 459 personas de prisión en los últimos cinco años y se han realizado 531 intervenciones como esta en ese mismo periodo.