Estalla escándalo en el Inpec: destaparon "olla" que tenían funcionarios en La Picota

De acuerdo con las declaraciones, cuyo contenido compartió Semana, los funcionarios implicados administraban el tráfico de estupefacientes dentro del reclusorio. Además de ello se encargaban de la entrada de licor y cobraban por traslados y por puestos en sindicatos.

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Uno de los hallazgos que más sorprendió a la Fiscalía y a la opinión pública fue la utilización de dos casas en la parte trasera del penal, donde almacenaban y distribuían drogas, como parte de un esquema criminal organizado.

Por los hechos, en La Picota se concretaron 12 capturas entre funcionarios del Inpec y sus parejas, como resultado de un proceso de investigación que comenzó hace un año, según explicó el director de la entidad, el coronel Daniel Gutiérrez.

De acuerdo con los datos de la institución, se han efectuado más de 5.000 investigaciones por actos irregulares y, en 2024, 73 guardianes fueron apresados.

¿Cómo era la ‘olla’ de la cárcel La Picota?

Según el relato del testigo, además de servir como bodegas para alcohol y drogas ilegales, desde las dos casas que colindan con el centro penitenciario se coordinaba el ingreso de las sustancias en horas de la madrugada.

“La droga ingresa en bolas compactas que tiran hacia el penal para que el personal de guardia la recoja”, aseguró el guardia.

Sin embargo, este no sería la única actividad liderada por la red criminal urdida entre funcionarios corruptos, pues según la versión prestada y el material probatorio se hizo evidente el ingreso de cerveza y tequila, además de otros elementos prohibidos como celulares, al Pabellón de Alta Seguridad (PAS) donde se encuentran los presos extraditables.

Además de estas actividades, la estructura delincuencial hacía otros favores a cambio de millonarias sumas de dinero en el interior de La Picota.

En ese sentido se conoció la forma en la que integrantes de la institución habrían abusado de la autoridad de su cargo para acelerar traslados y conseguirle casa por cárcel a algunos condenados. Así ocurrió en el sonado caso del exalcalde Cúcuta Ramiro Suárez Corzo, que convirtió una clínica en la ciudad en su fortín político, por el que dos funcionarios del Inpec fueron judicializados.

Asimismo, se detalló que se estaría incurriendo en un “carrusel de sindicatos”, a través del cual se ofrecía fuero sindical por dinero, para conseguir beneficios en procesos disciplinarios y penales, entre otras garantías.