Campaña de Petro, en la mira de la Corte: hallaron millonaria cifra en su investigación

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia envió una compulsa de copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, en la que concluye que la campaña presidencial de Gustavo Petro habría falseado sus reportes de gastos para no sobrepasar los límites establecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Así lo reveló W Radio, medio que tuvo acceso al documento.

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De acuerdo con la ponencia del magistrado Misael Rodríguez, la campaña de Petro omitió incluir un contrato de transporte aéreo por más de $1.200 millones, suscrito con la Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi). Esta factura fue cargada de forma inusual a los gastos del Senado y no a los de la consulta interna presidencial, donde, según la Corte, sí se usaron los vuelos.

“El servicio de transporte aéreo facturado a ambas campañas y que sirvió de soporte para el registro de un gasto en cada una de ellas, en realidad, correspondió a un servicio unitario que fue suministrado, de manera exclusiva, a la campaña a la consulta interna”, indica la compulsa citada por W Radio.

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División de facturas para evitar superar los topes en la campaña de Petro

La Corte detectó que la campaña dividió el costo total de los vuelos —$2.324 millones— en dos facturas: una a nombre del gerente de la campaña presidencial, Ricardo Roa, por $1.109 millones, y otra a nombre del entonces gerente de la campaña al Senado, Guillermo Alfonso Jaramillo, por $1.215 millones. Sin embargo, ningún congresista habría usado esos vuelos, y sí lo hizo el entonces candidato Petro.

“La escasa diferencia entre el valor de gastos netos reportados ante el CNE ($8.717.865.431) y el tope máximo ($8.758.260.246), aunada a la sumatoria de los valores escindidos […] apunta indiciariamente a que […] se superaría ampliamente el límite de gastos fijado por la autoridad electoral”, señaló la Sala.

Según la Sala de Instrucción, si se hubiera cargado la totalidad del contrato a la campaña presidencial, el gasto real habría sido de $9.933 millones, superando por más de $2.000 millones el tope permitido. Por esta razón, la Corte pidió a la Comisión de Acusaciones profundizar en la investigación.

“Se compulsará copia (…) para que inicie las investigaciones del caso en consideración al fuero integral del mandatario”, concluye la Sala de Instrucción.