Bogotá recupera sus calles: así fue el operativo que transformó La Favorita y La Estanzuela

El 14 de octubre se llevó a cabo en Bogotá una operación coordinada destinada a recuperar el espacio público en los barrios La Favorita y La Estanzuela, zonas identificadas por altos niveles de inseguridad y ocupación irregular. Esta intervención, liderada por la Alcaldía Local de Los Mártires con el respaldo de la Policía Nacional, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad, incluyó inspecciones a locales comerciales, revisiones a vehículos que obstruían las vías, capturas por orden judicial y la imposición de sanciones a quienes transgredían la normativa del espacio público. Entre los resultados concretos se destacan el cierre temporal de tres establecimientos comerciales y la aplicación de ocho comparendos a vehículos, según informó la Secretaría de Seguridad de Bogotá.

Dicha intervención forma parte de una estrategia más amplia que no únicamente busca despejar físicamente el espacio público, sino que pretende fortalecer la convivencia y reducir la incidencia de delitos graves en sectores considerados vulnerables. La experiencia a nivel urbano evidencia que este tipo de operativos, para ser efectivos, requieren el acompañamiento de acciones sociales que disuadan la reincidencia de la ocupación irregular. En ese sentido, algunas ciudades latinoamericanas con desafíos similares, como Ciudad de México y Medellín, han implementado medidas integrales que combinan la gestión policial con la inclusión social (Wolff & Bewket, 2019; Secretaría de Seguridad de Medellín, 2022).

El caso de Bogotá ilustra cómo la ocupación indebida del espacio público suele estar asociada a problemáticas mayores de pobreza, desplazamiento y vulnerabilidad social, lo que implica la necesidad de respuestas con carácter multidimensional (Secretaría de Seguridad Bogotá, 2025). Por ello, la intervención en Los Mártires ha implicado combinar el control policial con el impulso de campañas informativas y la creación de canales de participación vecinal. De esta manera se busca no sólo sancionar a los infractores sino también fomentar la denuncia y la apropiación responsable del espacio común.

Comparativamente, experiencias documentadas en ciudades europeas como Barcelona muestran que la involucración activa de la comunidad y la colaboración entre autoridades y organizaciones vecinales fortalecen la seguridad urbana y disminuyen los conflictos derivados de la ocupación indebida (Ajuntament de Barcelona, 2023). Estas dinámicas aconsejan mantener una comunicación abierta con los ciudadanos para lograr acciones sostenibles en el tiempo.

La importancia de rescatar el espacio público se extiende más allá de la seguridad y el orden. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), disponer de espacios adecuados promueve la actividad física, beneficia la salud mental de los habitantes y fortalece los lazos sociales, factores que pueden contribuir a la reducción de delitos y a la mejora de la calidad de vida (OMS, 2020).

En síntesis, el operativo implementado en Los Mártires se enmarca dentro de un compromiso institucional más amplio, orientado a la construcción de una ciudad segura, ordenada y equitativa. Esta visión está respaldada por el Plan Distrital de Desarrollo de Bogotá 2020-2024, que prioriza la recuperación integral del espacio público como pilar central para la cohesión social y la consolidación de comunidades seguras (Alcaldía de Bogotá, 2024).

¿Por qué es fundamental la participación ciudadana en los procesos de recuperación del espacio público? La integración de la comunidad es clave para el éxito sostenido en la recuperación de espacios públicos, como reflejan los casos tanto de Bogotá como de ciudades internacionales. El involucramiento vecinal permite que la vigilancia y el control no dependan únicamente de operativos policiales, sino que surja un sentido de corresponsabilidad y pertenencia. Esta colaboración facilita una respuesta más rápida ante la ocupación irregular y abre la puerta para identificar las necesidades particulares de cada sector, fomentando una convivencia armónica y evitando la reincidencia de las problemáticas.

Al promover mecanismos de participación activa, las autoridades pueden diseñar intervenciones sociales y comunicativas ajustadas a la realidad local. Esto permite que los residentes se conviertan en garantes del proceso, generando mayores niveles de confianza institucional y asegurando la permanencia de los resultados conseguidos por medio de la cooperación permanente entre ciudadanía y administración pública.

¿Qué significa “comparendo” y cuáles son sus implicaciones? Un comparendo es una notificación de infracción a normas de convivencia o tránsito, que conlleva la obligación de responder ante la autoridad o pagar una sanción económica. La imposición de comparendos, en el contexto de la recuperación del espacio público, busca desalentar conductas como la obstrucción de vías o el uso indebido de áreas comunes, fomentando el respeto a la normativa establecida. Este procedimiento legal está regulado por el Código Nacional de Policía y Convivencia, y su cumplimiento es clave para restablecer el orden en el entorno urbano.

Al recibir un comparendo, el infractor puede presentar argumentos de defensa o aceptar la sanción. El empleo de estos instrumentos permite mantener un equilibrio entre control punitivo y garantías legales, asegurando que los procesos se desarrollen bajo principios de transparencia y respeto por los derechos ciudadanos.