Ingreso Mínimo Garantizado en Bogotá: cómo la inclusión y el diálogo social están cambiando vidas

La estrategia Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) en Bogotá ha surgido como una herramienta fundamental para cerrar brechas sociales, articulando la entrega directa de recursos monetarios con espacios comunitarios de encuentro, orientación y empoderamiento ciudadano. Según datos oficiales de la Secretaría Distrital de Integración Social, durante agosto de 2025, el programa movilizó a más de 950,000 personas que participaron activamente en las jornadas “IMG al Barrio” y en los Grupos Impulsa. Esta amplia acogida muestra un enfoque que privilegia la cercanía y el acompañamiento permanente a los beneficiarios, quienes no solo reciben un apoyo económico, sino también seguimiento personalizado y espacios de escucha donde pueden expresar necesidades y sugerencias.

A diferencia de otras políticas sociales, el diseño del IMG prioriza la interacción directa entre los responsables del programa y la población objetivo. En localidades emblemáticas como Santa Fe, Suba, Ciudad Bolívar, San Cristóbal y Usme, los encuentros comunitarios sumaron más de 878 asistentes. Allí, los participantes accedieron a información fundamental sobre el estado de sus transferencias, cómo reclamarlas de forma segura y sobre distintos aspectos del acompañamiento que ofrece el programa. Este componente de orientación contribuye considerablemente a la transparencia y confiabilidad de la estrategia, aspectos destacados tanto en reportes locales como en estudios internacionales como el del Banco Mundial (2021).

Un elemento central en la implementación del IMG es su apuesta por la inclusión social, especialmente de mujeres y adultos mayores. Por ejemplo, en Ciudad Bolívar, el programa se enfocó en fortalecer el liderazgo femenino mediante el énfasis en Primera Infancia y Educación, favoreciendo la autonomía y la representación de las mujeres en las dinámicas comunitarias. Entretanto, en Puente Aranda, se impulsó la alfabetización digital para personas mayores, brindando herramientas básicas que fomentan la independencia en gestiones cotidianas, como trámites bancarios digitales. Estas acciones responden a tendencias internacionales que reconocen los impactos positivos de la integración de diversos grupos sociales en la reducción de desigualdades (ONU Mujeres, 2023).

El alto porcentaje de participación femenina, que alcanzó el 73,1% del total de asistentes, subraya el papel fundamental que desempeñan las mujeres como promotoras del bienestar colectivo y como eje articulador de soluciones locales. Tal protagonismo coincide con estudios de ONU Mujeres y CEPAL, que insisten en la importancia de la participación activa de la ciudadanía en las políticas públicas para incrementar su efectividad y pertinencia.

Desde una óptica analítica, el modelo del IMG propicia una corresponsabilidad genuina entre la administración pública y las comunidades. Así, el programa no solo transfiere recursos económicos, sino que institucionaliza un “diálogo social” permanente, que facilita la identificación de nuevas necesidades y la adaptación dinámica de las intervenciones. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2022), este tipo de participación reduce la distancia entre usuarios y entidades oficiales, incrementando la calidad del acompañamiento brindado.

Finalmente, la estrategia de Bogotá se inscribe en un debate internacional más amplio sobre los ingresos mínimos garantizados y su potencial como herramienta de mitigación frente a la precarización laboral y la brecha digital. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD, 2024), estas iniciativas están siendo observadas como opciones viables para enfrentar desafíos sociales estructurales en América Latina. El modelo estudiado en la capital colombiana aporta evidencia reciente sobre cómo una política social integrada, que une recursos económicos y acompañamiento transaccional, puede convertirse en referente y ejemplo para otras ciudades de la región interesadas en reducir las brechas de desigualdad.

¿Por qué es relevante la inclusión digital en el programa Ingreso Mínimo Garantizado?
La inclusión digital constituye un componente esencial dentro del Ingreso Mínimo Garantizado, debido a que los beneficiarios requieren conocimientos básicos para realizar trámites y manejar recursos de forma segura en un entorno cada vez más digitalizado. La alfabetización digital, especialmente entre adultos mayores, facilita el acceso igualitario a los servicios financieros y sociales, promoviendo la autonomía y evitando exclusiones adicionales derivadas de brechas tecnológicas.
La experiencia documentada en Puente Aranda, donde se ofrecieron talleres específicos para este fin, demuestra que la capacitación no solo facilita el desembolso de los recursos sino que fomenta mayores niveles de participación y confianza en el programa. Así, la estrategia refuerza su enfoque integrador, asegurando que herramientas tecnológicas sean accesibles para todos los sectores sociales involucrados.

¿Cuáles son los desafíos principales para la sostenibilidad de estrategias como el Ingreso Mínimo Garantizado?
Un desafío clave para la continuidad de estas iniciativas radica en la necesidad de financiamiento estable, políticas interinstitucionales sólidas y la adaptación constante a las demandas cambiantes de la población beneficiaria. El acompañamiento permanente y la participación ciudadana son fundamentales para sostener el modelo y evitar que la ayuda económica se convierta en un mecanismo aislado y dependiente.
Adicionalmente, es fundamental fortalecer la transparencia en la entrega de recursos y lograr que los ciudadanos sientan que su voz y su experiencia repercuten en el rediseño de las estrategias. Según la CEPAL (2022), solo a través de políticas de retroalimentación continua y corresponsabilidad se pueden consolidar programas sociales eficaces y legitimados socialmente a mediano y largo plazo.