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En un foro reciente, diferentes miembros del Senado y de organizaciones civiles acusaron al Gobierno por cuenta de la situación que atraviesan las EPS.
Durante un reciente foro de la materia, diversos expertos alertaron sobre los riesgos financieros de la reforma a la salud propuesta por el Gobierno Nacional.
El presidente del Senado, Efraín Cepeda, afirmó que el sistema enfrenta una crisis profunda debido a decisiones ideológicas irresponsables, y criticó el impulso de una reforma sin respaldo financiero, especialmente en un contexto de crisis fiscal.
(Vea también: Golpe para afiliados a Nueva EPS en Colombia: Gobierno tomó drástica decisión con entidad).
Cepeda denunció que el Gobierno ha incumplido con pagos al sistema, causando deudas superiores a 6,3 billones de pesos en entidades como Nueva EPS y Sanitas.
Por su parte, Jorge Coronel, asesor del Ministerio de Hacienda, reconoció problemas en el uso eficiente de los recursos y destacó la necesidad de un nuevo modelo de financiamiento, eliminando intermediarios como las EPS y dando esa función a la Adres.
Expertos como Ramón Abel Castaño advirtieron que eliminar funciones clave de las EPS sin un adecuado control del gasto podría agravar la situación en el territorio nacional.
Además, Diego Gil, de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, señaló que la reforma no garantiza sostenibilidad para tratar enfermedades de alto costo.
En conjunto, los panelistas coincidieron en que la iniciativa podría empeorar la situación actual del sistema de salud.
En Colombia, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) son el eje central del sistema de aseguramiento en salud establecido por la Ley 100 de 1993. Su función principal es afiliar a los ciudadanos al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y garantizarles el acceso a los servicios médicos incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), anteriormente conocido como el POS. Las EPS actúan como intermediarias entre el Estado, los usuarios y los prestadores de servicios de salud (IPS), organizando la atención médica y administrando los recursos económicos destinados a cubrir estos servicios. Existen dos regímenes de afiliación: el contributivo, al que pertenecen quienes tienen capacidad de pago (trabajadores y empleadores), y el subsidiado, que cobija a las personas sin recursos, financiado principalmente por el Estado.
Las EPS se encargan de recaudar las cotizaciones de los afiliados al régimen contributivo, gestionar los recursos asignados por el sistema y contratar con las IPS para prestar los servicios de salud. Su responsabilidad es asegurar que los usuarios reciban atención oportuna, continua y de calidad, desde servicios básicos como consulta general, medicamentos y exámenes, hasta intervenciones quirúrgicas, tratamientos especializados y programas de prevención. Para ello, deben contar con una red de prestadores adecuada y cumplir con indicadores de calidad y eficiencia que son vigilados por la Superintendencia Nacional de Salud y la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que define los montos que el sistema paga por cada afiliado, dependiendo de su edad, sexo y otras variables.
Uno de los aspectos más criticados del modelo EPS es su carácter mixto, que permite la existencia de entidades privadas con fines de lucro manejando fondos públicos. Esto ha generado problemas como demoras en la autorización de servicios, barreras administrativas para acceder a tratamientos, y deudas crecientes con clínicas y hospitales.
A pesar de ello, las EPS también han permitido aumentar la cobertura del sistema de salud a más del 95% de la población colombiana, logrando avances importantes en vacunación, control de enfermedades y atención maternoinfantil.
En conclusión, las EPS son una pieza clave del sistema de salud colombiano, con funciones que van desde la afiliación de los usuarios hasta la gestión del riesgo en salud. Aunque el modelo ha sido objeto de reformas, críticas y propuestas de transformación o eliminación, sigue siendo el mecanismo principal mediante el cual los colombianos acceden a los servicios médicos. Su funcionamiento eficiente o deficiente tiene un impacto directo en la calidad de vida y el bienestar de millones de personas.
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