Aumento millonario al presupuesto del Dapre desata alarma por transparencia en año electoral en Colombia

El incremento de COP 280.000 millones al presupuesto del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) para 2026 ha desatado un agudo debate público en Colombia. La discusión tiene su origen en una aparente contradicción: mientras el Dapre amplía su margen de maniobra financiera, entidades como la Defensoría del Pueblo deben operar con recursos menguados. Esta situación ha generado preocupaciones sobre los criterios de distribución y la lógica de asignación presupuestal en un momento donde la confianza ciudadana exige transparencia, especialmente en vísperas de eventos electorales clave.

Ante las críticas, el ministro del Interior, Armando Benedetti, salió al paso defendiendo la integridad del proceso. Calificó como “irresponsables” las acusaciones que vinculan el aumento presupuestal con un supuesto propósito de financiación de campañas políticas y recordó que el presupuesto total, de COP 546,9 billones, cumplió estrictamente el trámite legislativo regular. Benedetti descartó cualquier intención de favorecer la reelección presidencial, subrayando que los recursos adicionales responden a necesidades funcionales del gobierno y no a intereses partidistas.

No obstante, la senadora Angélica Lozano, perteneciente al partido Alianza Verde, expresó sus reservas. Denunció la falta de claridad sobre el destino específico de los recursos ampliados e hizo énfasis en la delicadeza del momento político, pues la asignación ocurre bajo el amparo de la ley de garantías. Esta normativa limita expresamente el uso de recursos públicos en actividades electorales, intensificando el reclamo por un control más estricto y transparente, especialmente por parte de organismos como la Contraloría y la Procuraduría.

El debate no es ajeno a experiencias internacionales y análisis independientes. Como advierte el Centro Latinoamericano de Investigaciones Periodísticas (CLIP), incrementos significativos de presupuesto en órganos ejecutivos habitualmente despiertan recelo cuando existen sospechas de posibles usos proselitistas. CLIP resalta la importancia de permitir acceso real a bases de datos estales y de fortalecer la auditoría ciudadana, de modo que el escrutinio público limite los márgenes de discrecionalidad y prevenga conflictos de interés. Herramientas como NINA, desarrollada por CLIP, buscan justamente facilitar la vigilancia cruzada de datos públicos, elemento fundamental para una democracia saludable.

El periodismo investigativo, fundamentado en fuentes oficiales, reportes presupuestales y evidencias documentales, se convierte así en un pilar de la rendición de cuentas. Estudios de organismos como el Instituto Donald W. Reynolds sostienen que la cobertura responsable —basada en pluralidad de fuentes y alejándose de alarmismos sin fundamento— es central para formar opinión pública informada y fortalecer las bases democráticas. En consecuencia, el aumento al presupuesto del Dapre no puede verse solo como una decisión técnica o administrativa: plantea retos significativos para la transparencia gubernamental y exige, con mayor fuerza en ciclos preelectorales, tanto un control institucional robusto como un periodismo vigilante y ético.

¿Cuál es la función de la ley de garantías en el manejo del presupuesto público?
La ley de garantías es una normativa que regula el uso de los recursos públicos durante periodos preelectorales, impidiendo que dichos fondos se desvíen hacia objetivos proselitistas o favorecimientos indebidos. Su función es salvaguardar la imparcialidad de los procesos electorales, fijando límites claros para que ninguna autoridad aproveche su posición y recursos estatales en beneficio propio o de terceros vinculados políticamente. En el contexto del presupuesto del Dapre, la existencia de esta ley eleva los estándares de escrutinio y vigilancia sobre los organismos ejecutivos, tal como lo alertan actores del sector político y la sociedad civil.

¿Por qué es relevante el acceso a bases de datos abiertas en el control del gasto público?
El acceso abierto a bases de datos oficiales permite a periodistas y organizaciones sociales realizar un seguimiento riguroso y fundamentado sobre el destino de los fondos estatales. De acuerdo con experiencias recogidas por el Centro Latinoamericano de Investigaciones Periodísticas, este acceso es vital para detectar posibles anomalías, conflictos de interés o usos indebidos de partidas presupuestales. De esta manera, se profundiza el control social y se fortalece la transparencia, condiciones esenciales para la confianza y el funcionamiento de la democracia.