Ataques armados en Catatumbo dejan tres militares muertos y obligan a replantear la estrategia de seguridad del gobierno
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El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
Visitar sitioEl uso de tecnología bélica y estrategias renovadas profundiza la incertidumbre en comunidades locales.
La madrugada del viernes fue especialmente cruda en el Catatumbo, tras dos ataques sincronizados atribuidos al Ejército de Liberación Nacional (ELN). Uno fue dirigido al Cantón Militar El Trapiche, en Ocaña, y el otro contra la subestación de Policía de Guamalito, en El Carmen. El saldo dejó tres militares muertos, seis heridos y el uso de drones como herramienta bélica, en un contexto donde el gobierno de Abelardo de la Espriella intenta frenar el crecimiento del conflicto armado hacia el sur del Cesar. Esta escalada se produjo justo cuando la administración empezó a mostrar una postura más ofensiva en seguridad, anunciando operaciones militares, persecución a cabecillas criminales y una promesa de imponer la paz a través de las armas, en contraste con sus antecesores.
En respuesta, el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, comunicó la reestructuración de la campaña militar y policial denominada Esparta, enfocada en bloquear rutas de tráfico de armas y combatientes, y en centralizar esfuerzos de inteligencia y judicialización. Sin embargo, expertos citados por El Espectador advierten sobre el riesgo de que operaciones sin prever consecuencias puedan deteriorar la relación con las comunidades afectadas.
El ataque, que causó la muerte del capitán Marco David Pirajón Montezuma y de los soldados Joel Alberto Jiménez Jaramillo y Jhon Marrugo Manjarrez, generó la reacción directa del presidente, quien prometió que esas muertes no quedarían impunes y resaltó la promesa de hacer caer sobre los responsables la fuerza legítima del Estado.
La estrategia militar reforzada también se refleja en golpes recientes contra cabecillas de grupos armados. En Riohacha murió Naín Andrés Pérez, alias “Bendito Menor”, líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), durante una operación conjunta. Este resultado forma parte de la lista de objetivos de “alto valor” que el gobierno espera neutralizar en sus primeros meses. Las ACSN, según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), desarrollaron estructuras de control local, gobernanza criminal y resistieron la intromisión de otros grupos armados, especialmente en Magdalena, Cesar y La Guajira.
No obstante, para investigadores como Lerber Dimas y especialistas de la FIP, eliminar líderes armados no garantiza el desmantelamiento de estas organizaciones, pues pueden surgir nuevas disputas y riesgos para la comunidad. Así, las ofensivas requieren un acompañamiento estatal persistente enfocado en la justicia, servicios públicos y protección a los civiles, señalan voces desde la Defensoría del Pueblo y otras instituciones, que también cuestionan la exposición mediática de cadáveres en operativos y el impacto colateral en menores reclutados, según datos de Medicina Legal.
Para la defensora del Pueblo Iris Marín, la clave está en no perder la humanidad en el combate al crimen: el éxito no debe medirse en muertes, sino en derechos garantizados y vidas resguardadas.
¿Qué impacto tienen las ofensivas militares contra grupos armados en la seguridad de Catatumbo?
Las ofensivas militares recientes en Catatumbo han generado golpes directos a estructuras armadas como el ELN, pero las fuentes citadas por El Espectador y la Fundación Ideas para la Paz advierten que sin una presencia estatal sostenida, dichas operaciones pueden fragmentar bandas criminales, provocar disputas internas y desplazar la violencia, sin resolver los problemas de inseguridad que afectan a la población civil.
¿Por qué la Defensoría del Pueblo critica la estrategia de medir el éxito militar por el número de bajas?
La Defensoría del Pueblo, a través de Iris Marín, sostiene que medir el éxito militar por el conteo de bajas puede deshumanizar el conflicto, exponer a civiles a mayores riesgos y derivar en violaciones de derechos, como ejecuciones extrajudiciales. Para la entidad, la seguridad se evalúa en derechos protegidos y en la reducción del peligro para la población, no únicamente en cifras de muertes de presuntos criminales.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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