Asobares se pronunció contra restricción a discotecas en Medellín: alertó por crisis

La respuesta del gremio de comerciantes de establecimientos nocturnos en el parque Lleras tras los anuncios del alcalde Federico Gutiérrez no se hizo esperar.

El presidente de Asobares Antioquia, Juan Pablo Valenzuela, rechazó el decreto expedido por la Alcaldía de Medellín en el que se restringe la actividad de locales comerciales, bares, licoreras y en general sitios de rumba hasta la 1:00 a.m. durante un mes, dejando sin piso los permisos que les habían sido otorgados para operar hasta bien entrada la madrugada.

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La medida hace parte de la respuesta de la alcaldía luego del escándalo suscitado tras conocerse que el pasado jueves un estadounidense de 36 años llamado Timothy Alan Livingston ingresó a dos menores de edad al hotel Gotham para, presuntamente, abusarlas sexualmente. Sin embargo, el hecho solo se conoció un día después de manera parcial y solo hasta este domingo 31 de marzo, en la tarde, el alcalde se pronunció públicamente sobre el tema.

El decreto prohíbe “la demanda o solicitud de servicios sexuales o actividades afines” en la comuna 14, El Poblado, por espacio de seis meses.

Esto significa, según señaló Gutiérrez, que queda totalmente suspendida durante este lapso la demanda o solicitud de servicios sexuales y actividades afines –así como su promoción y publicidad en cualquier formato– en el espacio público de la zona.

La orden indica que no se deben tomar medidas correctivas contra las personas en ejercicio de prostitución, toda vez que para el distrito quienes sobreviven con esta práctica están en condiciones de extrema vulnerabilidad, por lo que, por el contrario, de verse afectados con estas medidas podrán recibir y solicitar información para apoyo institucional.

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Asobares se pronunció contra decreto de Federico Gutiérrez

Esta medida vino acompañada de la restricción horaria para los establecimientos nocturnos, lo que no cayó bien en el gremio, pues según Valenzuela los comerciantes de estos establecimientos están “comprometidos” para luchar con el flagelo de la explotación comercial de niños, niñas y adolescentes. Además, en concepto de Valenzuela, la medida es desproporcionada porque, asegura, el expendio de licor no guarda relación con la explotación comercial de niños, niñas y adolescentes en El Poblado.

También manifestó que aunque la medida es temporal, podría desencadenar una crisis en la generación de empleo, por lo cual le pidió al alcalde replantear la decisión.

Lo cierto, sin embargo, es que la explotación ha aumentado en un 200% en El Poblado desde 2020, dinamizada en gran medida por los extranjeros que llegan a la ciudad a cometer este tipo de delitos.

Pero en otros sectores, además de este gremio, las medidas restrictivas de Gutiérrez también fueron recibidas con escepticismo. Y es que las versiones que se han conocido sobre este caso y que evidenciarían una cadena de procedimientos irregulares de la Policía dejarían en evidencia las enormes brechas que existen entre las instituciones para coordinar una estrategia de intervención de fondo para afrontar una problemática que se le salió de las manos a Medellín, por lo que decenas de ciudadanos en redes señalaron que las medidas coercitivas apenas maquillan el problema.

Según Caracol Radio, los policías que atendieron la denuncia ciudadana nunca pusieron en conocimiento de la Fiscalía el caso para que las menores quedaran bajo la ruta del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual y Livingston quedara en manos de las autoridades para ser judicializado.

Mientras la ciudadanía espera más explicaciones por parte de la policía y la alcaldía sobre cómo ocurrieron realmente los hechos, y las autoridades buscan la forma de vincularlo a un proceso formal para que responda en Colombia, cientos de personas a través de redes sociales se han puesto de acuerdo para revelar información que permita dar con el paradero del sujeto del cual se sabe, por ahora, tiene propiedades en Cleveland, donde ya varios colombianos radicados allí estarían difundiendo su nombre y el caso para que la comunidad lo ubique y lo obligue a responder ante las autoridades.