"Se acabó la falsa paz": así celebró De la Espriella firma y sanción de ley de sometimiento

El presidente aprovechó la norma para marcar distancia con la política de 'paz total' y fijar las condiciones que, según él, deberán cumplir los delincuentes.

Con un mensaje contundente contra los beneficios judiciales a las organizaciones criminales, el presidente Abelardo de la Espriella celebró la firma de la Ley de Sometimiento a la Justicia, una iniciativa que recibió el aval del Congreso y quedó sancionada el miércoles 4 de noviembre.

(Vea también: Ley de sometimiento en Colombia: nueva norma busca limitar beneficios y fortalecer control estatal sobre estructuras criminales)

El mandatario aseguró que la nueva norma cambia el rumbo de la política de seguridad y que los integrantes de estructuras ilegales deberán responder por sus delitos.

“¡Se acabó la falsa paz! ¡En Colombia los criminales se someten a la justicia, no el Estado a los criminales!”, escribió De la Espriella en su cuenta de X, al referirse a la entrada en vigencia de la disposición.

En su pronunciamiento, el jefe de Estado sostuvo que la ley pone fin a lo que considera privilegios y concesiones otorgados durante años a los responsables de actividades criminales. También enumeró las obligaciones que, según explicó, deberán asumir quienes busquen acogerse a los mecanismos previstos en la norma.

“¡El que delinquió tiene que pagar! Tendrá que confesar sus crímenes, reparar a sus víctimas, entregar hasta el último peso de sus fortunas ilegales y responder ante la justicia”, manifestó el mandatario.

De la Espriella insistió en que su administración no permitirá que los grupos criminales obtengan beneficios sin cumplir las condiciones establecidas. En ese sentido, defendió la autoridad del Estado y presentó la nueva legislación como una herramienta para avanzar en el desmantelamiento de esas estructuras.

“¡Aquí no habrá impunidad ni premios para los criminales!”, agregó en el mensaje, en el que también expuso su postura sobre la relación entre seguridad y construcción de paz.

“La paz verdadera no se construye arrodillando al Estado ante los delincuentes. Se consigue con autoridad, justicia y el cumplimiento de las leyes de la República”, concluyó.

¡SE ACABÓ LA FALSA PAZ! ¡EN COLOMBIA LOS CRIMINALES SE SOMETEN A LA JUSTICIA, NO EL ESTADO A LOS CRIMINALES!

Con la Ley de Sometimiento ponemos fin a los privilegios, las concesiones y la impunidad con la que durante años se ha pretendido premiar a los bandidos.

¡EL QUE DELINQUIÓ TIENE QUE PAGAR! Tendrá que confesar sus crímenes, reparar a sus víctimas, entregar hasta el último peso de sus fortunas ilegales y responder ante la justicia.

¡AQUÍ NO HABRÁ IMPUNIDAD NI PREMIOS PARA LOS CRIMINALES!

La paz verdadera no se construye arrodillando al Estado ante los delincuentes. Se consigue con autoridad, justicia y el cumplimiento de las leyes de la República.

¡Firme por la Patria!

¡Viva Cristo Rey!

(A.D.L.E.) 🇨🇴🐅

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 5, 2026

De la Espriella firmó la ley junto al ministro de Justicia

La sanción presidencial se realizó después de que el Senado y la Cámara de Representantes aprobaran el mismo texto, con lo que se completó el trámite legislativo. En el acto de firma, De la Espriella estuvo acompañado por el ministro de Justicia, Iván Cancino, y el secretario jurídico de la Presidencia, Andrés Barreto.

Según informó Noticias Caracol, la iniciativa se convirtió en la primera ley aprobada durante el Gobierno de De la Espriella. El trámite en el Congreso se extendió durante varias semanas y tuvo una jornada decisiva el 3 de noviembre, cuando las plenarias de ambas cámaras avanzaron con la aprobación del articulado.

La norma quedó identificada como Ley 2640 del 4 de noviembre de 2026. Con ella se modifica y prorroga la Ley 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público, y se establece un marco jurídico para facilitar el sometimiento a la justicia y el desmantelamiento de organizaciones criminales de alto impacto.

¿Qué establece la Ley de Sometimiento?

Uno de los puntos centrales de la legislación es que las organizaciones criminales no recibirán reconocimiento de estatus político ni podrán negociar acuerdos políticos con el Gobierno. El mecanismo está dirigido a que sus integrantes se sometan a la justicia bajo condiciones verificables y entreguen información que permita debilitar sus estructuras.

El texto contempla rebajas de hasta el 50 % de la pena para integrantes que no hayan ejercido funciones de mando y de hasta el 30 % para quienes hayan ocupado posiciones de dirección. Estos beneficios están condicionados al cumplimiento de compromisos relacionados con la verdad, la reparación de las víctimas y la contribución al desmantelamiento de las organizaciones.

Además, la ley establece que los procesos no implicarán la suspensión de órdenes de captura ni de solicitudes de extradición. Las penas privativas de la libertad deberán cumplirse en establecimientos administrados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Entre las obligaciones previstas también figuran la entrega de bienes y recursos de origen ilegal, información sobre personas desaparecidas y la liberación de personas secuestradas o víctimas de trata. La legislación incorpora restricciones para quienes hayan participado en el reclutamiento de menores de edad.