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Un juez de Barranquilla tomó esa decisión, aunque ordenó una medida no privativa de la libertad que quiere decir que el acusado no puede salir del país.
El togado reconoció que la amenaza contra el galeno José Julián Buelvas, delito que la Fiscalía le imputó a Candelario Rómulo Bravo, sí fue en el ejercicio de la profesión de la víctima, indicó Blu Radio, pero no considera que el acusado deba estar en una prisión mientras avanza el proceso.
La firma de Abelardo de la Espriella, que representa a Buelvas, anunció que al acusado se le haría la audiencia de imputación este martes, donde pedirían medida de aseguramiento por amenazar de muerte al médico.
No obstante, el juez solo le ordenó a Bravo no salir del país, y le prohibió comunicarse con el médico y su familia, de acuerdo con la emisora.
El acusado fue capturado por la Fiscalía a principios de julio, por “elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida con la cual se puede inferir” que Bravo sería el responsable de las amenazas.
En un principio se dijo que las intimidaciones contra Buelvas tendrían que ver con la atención a pacientes con coronavirus. No obstante, las autoridades investigan si habría otras causas.
Por esa intimidación, Buelvas anunció que dejaría de trabajar en la clínica Maternoinfantil Adela de Char, de Soledad (Atlántico), donde era el único intensivista presencial, pues ahí fue donde recibió las amenazas.
No obstante, Buelvas siguió trabajando en la clínica La Asunción, de Barranquilla, donde también tiene pacientes con coronavirus.
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