De la Espriella se plantó ante alcaldes por demora luego del terremoto: plazo vence en pocos días

El presidente de Colombia fue tajante durante su declaración en Quimbaya (Quindío) para enviar un llamado de atención a los diferentes gobernantes.

Abelardo de la Espriella, que canceló una licitación millonaria, dejó en evidencia su molestia pública por una delicada situación luego del terremoto del pasado 10 de agosto de 2026.

El presidente de Colombia se refirió a la demora por parte de los alcaldes y gobernadores para el envío de la información estructurada sobre los daños causados debido al movimiento telúrico.

Durante su declaración en Quimbaya (Quindío), el mandatario remarcó que ese es un insumo determinante para que se avance en el proceso de reconstrucción de los sitios afectados.

Desde Quindío, el presidente Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) les llamó la atención a alcaldes y gobernadores por no haber enviado aún la información estructurada sobre los daños causados por el terremoto, un insumo clave para avanzar en el proceso de reconstrucción.… pic.twitter.com/W3Rt8fzdBK

— Portafolio (@Portafolioco) September 11, 2026

De hecho, indicó que faltan por lo menos 200 municipios en ofrecer la mencionada información y recordó que el plazo para esa entrega vence el próximo 17 de septiembre, por lo que pidió a sus ministros presionar a las autoridades correspondientes.

Por ejemplo, Dosquebradas (Risaralda) no recibe todavía subsidios y está en el ‘olvido’, a pesar de que es la segunda más afectada después de Pereira debido al sismo de magnitud 7.4 en el país.

Si bien el alcalde de ese municipio, Roberto Jiménez, atribuyó el tema a diferencias políticas, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) le respondió a Pulzo al ser consultada sobre el tema.

La entidad, sin hacer referencia específica a las declaraciones del gobernante ni mucho menos al lugar risaraldense, explicó que la ciudadanía no debe presentar una solicitud individual de pago ante la UNGRD.

De ahí, aclaró que el procedimiento se tramita a través del municipio: la Alcaldía debe presentar la solicitud de apoyo, aportar la información correspondiente y expedir las certificaciones exigidas por la Resolución.

Incluso, remarcó que las personas deben verificar ante la administración municipal que su información en el RUD sea correcta y que la condición registrada de su vivienda corresponda a la realidad.

Así, entre los requisitos de lo que necesitan las personas para recibir los subsidios están pendientes las tareas que para este caso el presidente de Colombia les exigió a los alcaldes y gobernantes.

El tema cobra especial importancia si se considera que ha pasado poco más de un mes desde el terremoto y hay ciudades como Pereira, Manizales y Cali en donde ya se tienen esos beneficios.

El llamado de atención se convierte en un punto de referencia para que se avance en un proceso que golpea directamente a los damnificados que perdieron su vivienda y cuentan con ese apoyo de parte del Estado, a través de los gobernantes locales.

¿De cuánto son los subsidios por terremoto en Colombia?

Los subsidios de arriendo temporal para damnificados por terremoto en Colombia varían según la categoría del municipio donde se ubica la vivienda afectada.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres otorga estos auxilios económicos durante tres meses consecutivos a los hogares registrados.

Para los municipios clasificados en categorías uno y dos, además de distritos especiales, el monto mensual equivale a $ 1’050.543 por grupo familiar.

En los municipios pertenecientes a categorías tres y cuatro, la asistencia financiera alcanza $ 875.452 mensuales para cubrir gastos de alojamiento temporal.

Las localidades ubicadas en categorías cinco y seis reciben un apoyo económico fijado en $ 787.907 al mes por cada hogar validado.

Sumando los tres ciclos de entrega contemplados por la normativa, una familia beneficiaria puede acumular hasta $ 3’151.629 en total según su territorio.

El beneficio se asigna por núcleo familiar y no por persona individual, buscando evitar duplicidades en la dispersión de los recursos públicos.

Para acceder a estas transferencias, la vivienda debe ser declarada destruida o no habitable tras las inspecciones técnicas de los organismos de socorro.

Adicionalmente, los afectados deben figurar en el Registro Único de Damnificados formalizado por la administración municipal correspondiente y validado estatalmente.

El Gobierno nacional desembolsa estos fondos a través de operadores postales autorizados para facilitar el retiro presencial de los giros económicos.