Entre la clandestinidad y el retorno: 250.000 venezolanos pierden la protección migratoria en EE. UU.

La administración Donald Trump rescindió el Permiso de Protección Temporal (TPS) a 250.000 venezolanos más —ya lo habían perdido 320.000—, que se verán privados de su autorización de residencia y trabajo en Estados Unidos a partir de la media noche del viernes 7 de noviembre, después de años de trabajo y arraigo. 

La administración Donald Trump rescindió el Permiso de Protección Temporal (TPS) a 250.000 venezolanos más —ya lo habían perdido 320.000—, que se verán privados de su autorización de residencia y trabajo en Estados Unidos a partir de la media noche del viernes 7 de noviembre, después de años de trabajo y arraigo. 

Estados Unidos tendrá el 8 de noviembre un cuarto de millón de migrantes más susceptibles de deportación, después de que el estatus de protección temporal otorgado a migrantes venezolanos fuera revocado por orden de Donald Trump, quien cerró de un portazo la política de brazos abiertos emprendida por su antecesor, Joe Biden.

Se trata de la primera vez en 35 años que una administración federal rescinde completamente un estatus TPS (Temporary Protected Status, en español: Estatus de Protección Temporal) para una nacionalidad completa.

Entre volver a su país y quedarse sin estatus legal en EE.UU., Oriana, una inmigrante venezolana que no quiere dar su apellido, ya tomó la decisión: “No podemos regresarnos a Venezuela, allá ya no queda nada para nosotros, prefiero quedarme en la clandestinidad”, dice la madre de 38 años a EFE.

Oriana residió por cinco años en Florida, el estado de mayoría republicana donde viven más migrantes con TPS, hasta que decidió mudarse tras conocer el fin del amparo para los venezolanos.

Eligió empezar de cero, sin el documento que le permite trabajar legalmente y la blinda de la deportación.  “Dejé de usar ese permiso, me estoy adaptando a mi nueva realidad”, cuenta la inmigrante, quien a partir de este viernes desconectará su número celular para no dejar rastro al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en la “nueva vida” que le espera.

Los venezolanos que corren un riesgo mayor de detención inmediata, tras perder el TPS, son aquellos que tenían una orden de deportación previa, explicó a EFE Fernando Romo, abogado de inmigración y principal asesor jurídico de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (ASOSAL).

“El TPS pone un paro a las órdenes de deportación, pero al perder el amparo esta orden se activa y seguramente van a ser buscados por los agentes migratorios”, detalló el abogado.

Los migrantes que a partir de hoy pierden el TPS aún tienen las opciones de solicitar asilo, visados especiales para víctimas de ciertos crímenes o la reagrupación familiar, por parte de allegados con nacionalidad estadounidense, aunque, según el jurista, “no son [procesos] fáciles de ganar”. 

El diputado opositor venezolano Henrique Capriles lamentó que la decisión de la Administración republicana deje a miles de familias “en la incertidumbre después de años de esfuerzo y trabajo honesto”. 

“Esos mismos venezolanos, a partir de hoy, están en riesgo de ser perseguidos en EE. UU., maltratados y deportados. Obligarlos a volver sin garantías de libertad, democracia ni condiciones de vida dignas no solo es injusto, sino que también viola sus derechos humanos”, escribió Capriles.

Un salvavidas para huir del régimen

La nación de Venezuela fue designada por primera vez como beneficiario del TPS en marzo de 2021, bajo la administración del demócrata Joe Biden. La medida cobijó inicialmente a 320.000 migrantes que huían de la crisis política y económica en la Venezuela de Nicolás Maduro.

En septiembre de 2023, el gobierno Biden expandió el TPS a 280.000 venezolanos más, para un total de 600.000 beneficiarios bajo ambas designaciones. Días antes de abandonar el cargo, en enero de 2025, Biden extendió la protección 18 meses más, hasta octubre de 2026.

Sin embargo, una de las primeras medidas de Donald Trump al llegar a la Casa Blanca, con la promesa en campaña de endurecer la política migratoria, fue revocar la prórroga de Biden al considerar que Venezuela ya “no cumple los requisitos estatutarios del TPS”.

Matthew Tragesser, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), afirmó que “al sopesar la seguridad pública, la seguridad nacional, los factores migratorios, la política de inmigración, las consideraciones económicas y la política exterior, está claro que permitir que los ciudadanos venezolanos permanezcan temporalmente en los Estados Unidos no es lo mejor para Estados Unidos”.

El Departamento de Seguridad Nacional estableció que los 320.000 venezolanos bajo la designación 2023 perderían protecciones el 7 de abril de 2025, mientras que los 250.000 bajo la designación 2021 las perderían el 10 de septiembre de 2025.

La lucha se alargó en los tribunales, y en marzo de 2025 un juez federal de San Francisco bloqueó la iniciativa de Trump al considerarla “arbitraria, caprichosa, y motivada por animosidad inconstitucional”.

Desde entonces, el caso ha sido decidido cinco veces por diferentes cortes con resultados alternantes. Finalmente, la Corte Suprema de Estados Unidos dio luz verde a la medida de la Administración republicana.

En suma, 600.000 venezolanos desde la medianoche del viernes 7 de noviembre quedarán en riesgo de detención y deportación inmediata, lo que supone el mayor número de personas que han perdido el TPS en la historia del amparo.

Colapso de un mecanismo humanitario

El Estatus de Protección Temporal es un mecanismo humanitario establecido por el Congreso estadounidense mediante la Ley de Inmigración de 1990. Fue pensado inicialmente para proteger a salvadoreños que huían de la guerra civil, pero con el tiempo benefició a ciudadanos de múltiples países.

Este permiso habilita a ciudadanos de países designados que ya se encuentran físicamente en Estados Unidos a residir y trabajar de forma temporal, sin temor a deportación. Por su carácter provisional, el TPS no otorga estatus de residente permanente ni conduce a ciudadanía, sino que proporciona resguardo a los migrantes mientras persisten las condiciones extraordinarias en el país de origen.

Un país puede ser designado para TPS cuando enfrenta conflicto armado en curso, un desastre ambiental u “otras condiciones extraordinarias y temporales” que hacen inseguro el regreso de sus ciudadanos. 

A marzo de 2025, aproximadamente 1.1 millones de personas residían en Estados Unidos bajo protección TPS provenientes de los múltiples países designados. De estos, la población más numerosa provenía de El Salvador, Honduras, Nicaragua, y Venezuela.

Actualmente, una decena de países mantiene el TPS, después de varias revocaciones y litigios bajo la administración Trump.

Afganistán, Camerún, Haití y Nepal ya perdieron el TPS este año, así como 45.000 nicaragüenses y hondureños beneficiarios hasta hace poco. Siria lo perderá el 21 de noviembre de 2025, mientras que migrantes de Sudán del Sur y Haití sufren la amenaza inminente de quedarse desprotegidos a inicios de 2026, según el cronograma de la Casa Blanca.

Con EFE, Reuters y AP