Al menos 10 detenidos en protestas contra el fin del subsidio al diésel en Ecuador
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Visitar sitioEl ministro del Interior, John Reimberg, informó el miércoles que al menos 10 personas fueron detenidas por las autoridades en las masivas protestas que han sacudido a Ecuador durante cinco días tras el anuncio del presidente Daniel Noboa la eliminación del subsidio al diésel, una medida que ya tiene impacto en las tarifas del transporte público y los precios de alimentos, y que ya es rechazada por los ciudadanos.
El ministro del Interior, John Reimberg, informó el miércoles que al menos 10 personas fueron detenidas por las autoridades en las masivas protestas que han sacudido a Ecuador durante cinco días tras el anuncio del presidente Daniel Noboa la eliminación del subsidio al diésel, una medida que ya tiene impacto en las tarifas del transporte público y los precios de alimentos, y que ya es rechazada por los ciudadanos.
Las autoridades en Ecuador detuvieron al menos a 10 personas en los últimos dos días en el marco de masivas protestas contra el fin del subsidio al diesel, anunciado el pasado 12 de septiembre por el presidente Daniel Noboa. El ministro del Interior, John Reimberg, presentó el miércoles un balance sobre las manifestaciones y el cierre de vías en varias regiones, tras el anuncio de la medida.
Según Reimberg, al menos 10 personas fueron apresadas en todo el territorio, vinculadas a delitos en el marco de las protestas. “Al momento tenemos cerca de diez personas detenidas. Lo que hemos buscado es conversar para tratar de mantener en paz a cada uno de los sectores”, dijo el ministro en el canal de televisión Ecuavisa.
Reimberg aseguró que el país había amanecido con focos de protestas en la provincia de Carchi, fronteriza con Colombia, y uno en Pichincha, cuya capital es Quito. Sin embargo, la Policía, las Fuerzas Armadas y el servicio de emergencias ECU-911 reportaron que las vías cerradas fueron despejadas durante la mañana.
En el caso de los transportistas, a quienes el Gobierno ha ofrecido incentivos y compensaciones para disminuir el impacto de esta decisión, el ministro Reimberg señaló que lo que pedían con la protesta era seguridad en las carreteras, asediadas por bandas del crimen organizado que asaltan a los autobuses de pasajeros o a vehículos de carga pesada para llevarse la mercadería o secuestrar a los conductores.
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“En ningún momento tocaron el tema del subsidio. El único tema que mencionaron fue poner puntos de control sobre algunas vías por el tema de seguridad”, precisó el jefe de la cartera del Interior. El ministro añadió que, una vez que el Gobierno presentó un plan de implementación de la propuesta, los transportistas decidieron terminar con el bloqueo de las vías en el norte del país.
Una decisión con sus riesgos, en medio de reformas
El viernes, Noboa hizo lo que dos gobiernos anteriores intentaron y fallaron: acabar con las subvenciones al diésel en el país, que costaban al gobierno 1.100 millones de dólares por año. Los expresidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) enfrentaron violentas protestas lideradas por la mayor organización indígena del país (Conaie), tras su intento de elevar el precio de los combustibles.
La medida forma parte del plan del mandatario para reducir el déficit fiscal en el país —estimado en 5% del producto interior bruto (PIB) del país— en medio de una crisis económica y de compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con el que Ecuador tiene una deuda por cinco mil millones de dólares, contraída en 2024 y que debe pagar en 2028.
La decisión tomó a muchos por sorpresa: Si bien Noboa había retirado el año pasado las subvenciones a las gasolinas Extra y Eco País, dos combustibles de 85 octanos que en ese momento eran los más consumidos, esta vez el anuncio llegó sin avisos, durante la noche y a través de una intermediaria: Carolina Jaramillo, portavoz de la Presidencia. No se convocaron a sectores afectados, no hubo mesa de negociación. “La decisión está tomada”, dijo Jaramillo, desafiante.
A estas medidas también se ha agregado recientemente la reducción del Gobierno nacional de diecinueve a catorce ministerios y el anuncio de despido de alrededor de 5.000 funcionarios. Además, Noboa pretende llevar a las urnas una nueva consulta popular y un referéndum en 2025, con fechas que han oscilado entre el 30 de noviembre y el 14 de diciembre. El martes volvió a enviar la Corte Constitucional una propuesta de enmienda constitucional que busca reducir el número de asambleístas de 151 a 73.
El gremio del transporte afirmó el miércoles que el nuevo precio del galón del diésel —que pasará de USD 1,80 a USD 2,80— representará un sobrecosto de al menos USD 570 mensuales por bus urbano, una vez que cesen las compensaciones ofrecidas por la administración de Noboa, según cálculos de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME). El diario El Universal informó que la asociación lanzó este miércoles una advertencia: “esta presión financiera se trasladará directamente a la ciudadanía en forma de incrementos de entre 5 y 10 centavos en el valor del pasaje”.
Protestas, cierres de vías y un nuevo estado de excepción
Los colectivos de trabajadores y estudiantes han mantenido las protestas ante el temor de que las medidas impacten el coste de vida en el país. Conductores de camiones cerraron desde el lunes algunas vías, que fueron despejadas horas después tras la intervención de la policía, sin que se hayan reportado heridos o fallecidos.
La carretera Panamericana Norte, en el ingreso a Quito, amaneció el miércoles bloqueada con piedras y montículos de tierra. Ante el auge de las manifestaciones y cierres, Noboa volvió a decretar el martes un estado de excepción —de más de una docena desde que asumió el poder en 2023— que afecta a las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi, y Santo Domingo.
La medida, invocada por “estado grave de conmoción interna”, se extenderá durante 60 días. El gobierno argumentó que los bloqueos “han provocado complicaciones en la cadena de abastecimiento de alimentos” y afectan el “libre tránsito de las personas, ocasionando la paralización de varios sectores que afectan a la economía”.
La declaratoria de estado de excepción en siete provincias elevó el riesgo país 711 puntos, según datos del Banco Central. Los mercados temen inestabilidad política y social, y mayores costos fiscales para contener el descontento.
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Un estudio elaborado por el Centro de Investigaciones y Estudios Especializados (CIEES) y difundido el miércoles por el diario local El Expreso, la eliminación del subsidio al diesel no ha sido bien acogida por la mayoría de los ecuatorianos.
La encuesta, que entrevistó a 820 personas en Guayaquil y Quito entre el 13 y 14 de septiembre, arrojó que —del total— 83% de los encuestados se sienten afectados negativamente por la subida del precio del diésel producto de la eliminación del subsidio. En Guayaquil, el descontento llega hasta el 86% de los encuestados, mientras que en Quito, llega al 79%.
Con Reuters, AP, AFP, EFE y medios locales.
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