Justicia peruana acaba principal excusa con la que Petro defiende a Pedro Castillo

Este jueves, el máximo tribunal peruano ratificó la prisión preventiva de 18 meses para el destituido presidente Pedro Castillo, recluido en una prisión policial tras su fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre.

“La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ratificó la resolución que ordenó 18 meses de prisión preventiva contra expresidente Pedro Castillo, investigado por el delito de rebelión (alternativamente, conspiración para rebelión) en agravio del Estado”, indicó el jueves el Poder Judicial en Twitter.

La orden de prisión para Castillo ya había sido dada por un tribunal el 15 de diciembre, pero su defensa pidió que fuera revocada, por considerarla injusta.

“Pido cese el odio y solicito mi libertad por ser un justo derecho. Jamás he cometido un delito de rebelión”, dijo Castillo, durante una audiencia virtual el miércoles. “Señor juez, yo no he cometido ningún delito de conspiración, pero quien ha conspirado es el Congreso y otras instituciones con la finalidad de armar un plan sobre la caída de mi gobierno a través de sucesivos pedidos de vacancia y otras artimañas”, agregó el exmandatario.

Castillo, un maestro rural y líder sindical izquierdista, dijo estar incomunicado y pidió al juez que se le otorgue acceso a un teléfono para contactar con su esposa y dos hijos, que partieron asilados a México la semana pasada.

El expresidente fue destituido constitucionalmente por el Congreso y se encuentra recluido bajo condiciones legales y sin complicaciones físicas, según la Defensoría del Pueblo, que lo visitó hace una semana junto a un equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Castillo, de 53 años, está recluido en el penal Barbadillo, dentro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (Diroes) en la capital. Es investigado por el delito de rebelión y conspiración por tratar de cerrar el Congreso, intervenir los poderes públicos y gobernar por decreto, maniobra que no tuvo respaldo institucional.

La policía lo detuvo horas después de su destitución, cuando intentaba llegar a la embajada de México para solicitar asilo. Asumió el gobierno su vicepresidenta, Dina Boluarte.

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La caída de Castillo desató violentas protestas que dejaron 22 muertos y más de 600 heridos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Los manifestantes piden la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones al 2023. En un intento de mitigar la crisis, el Congreso aprobó hace una semana pasar los comicios generales de 2026 a abril de 2024.