Gobierno español, con perfil bajo en detención de Puigdemont mientras Barcelona ‘arde’

El Ejecutivo se guardaba este lunes de todo triunfalismo luego de la detención del expresidente independentista catalán Carles Puigdemont en Alemania, que desató manifestaciones violentas en una Cataluña agitada e incapaz de dotarse de un gobierno.

La noche del domingo, 92 personas, entre ellas 23 agentes policiales, resultaron heridas de levedad en Barcelona durante las protestas convocadas por los Comités de Defensa de la República (CDR), organizaciones de barrio que militan por la secesión de esta región española. Hubo nueve detenidos y cuatro de ellos pasaron a disposición judicial.

Con el ambiente caldeado en la calle, el gobierno de Mariano Rajoy se ha mantenido discreto y ha evitado comentar la detención de Puigdemont, acusado de rebelión, o los pasos judiciales venideros.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se limitó a decir este lunes que en España la justicia “es igual para todos” y que “nadie, por muy alto puesto que tenga” está por encima de ella.

Según Astrid Barrio, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Valencia, “el gobierno hace bien en mantener un perfil bajo”.

“Cualquier tipo de pronunciamiento que sea visto como una injerencia abonaría la tesis de que el gobierno intenta influir en el trabajo de otros poderes, en este caso el judicial”, explica refiriéndose a un argumento habitual de los independentistas, la supuesta inexistencia de separación de poderes en el Estado español.

La discreción del gobierno contrastaba con el tono enérgico de los diarios, que lucían títulos como “El final de la escapada” (El Periódico de Cataluña), “Alemania acaba con la fuga y farsa de Puigdemont” (ABC) o “La caída de Puigdemont liquida la farsa del Gobierno en el exilio” (El País).

Ciudadanos, un partido liberal visceralmente antiindependentista y principal rival del PP en el centroderecha, también se mostró contundente.

Su líder, el catalán Albert Rivera, acusó de los altercados de Barcelona a “las turbas separatistas” y opinó que la detención del expresidente regional deja claro que “intentar romper una democracia europea tiene un coste y se paga en los tribunales”.

¿Repetición de elecciones?

El gobierno de Rajoy ha optado por su tradicional reserva frente a lo que de manera inmediata es “un tema judicial”, es decir, si Puigdemont será extraditado o no desde Alemania, abundó en comentarios a AFP el sociólogo Narciso Michavila, presidente de la consultora de comunicación GAD3.

Además, el gobierno afronta en los próximos días un problema coyuntural, y en el que también incide la crisis catalana: la aprobación de los Presupuestos de 2018.

Este martes se espera que el ejecutivo conservador, en minoría en la cámara, apruebe dichos Presupuestos en un consejo de ministros extraordinarios. Pero para sacarlos adelante necesita entre otros el apoyo del Partido Nacionalista Vasco (PNV), que ha hecho saber que no facilitará sus votos mientras Rajoy mantenga intervenida Cataluña.

En el horizonte se encuentra otro factor de incertidumbre, el riesgo de una repetición electoral en Cataluña.

En los comicios regionales del 21 de diciembre, el independentismo renovó su mayoría de escaños en el Parlamento catalán, pero sus desacuerdos internos y la actuación de la justicia han impedido la investidura de un nuevo presidente y la formación de gobierno.

Astrid Barrio cree que los secesionistas tienen “incentivos” para ir de nuevo a elecciones, que caerían hacia el 15 de julio.

Según ella, “unos malos resultados les permitirían justificar ante los suyos unas decisiones que ahora no se atreven a tomar”. Concretamente, el “poner fin a esta estrategia de confrontación, que ellos saben que no produce ningún resultado y tiene un coste humano sólo en su bando”, los separatistas.

Actualmente, nueve destacados líderes independentistas están en prisión preventiva acusados de rebelión, entre ellos la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell, y seis integrantes del antiguo gobierno de Puigdemont.

Otros siete separatistas, incluyendo al expresidente, se encuentran en el extranjero, seis de ellos bajo una euroorden de arresto.

AFP