EE.UU. ejecutó a mujer que mató a una embarazada para robarle el feto

“Fue ejecutada en la penitenciaría federal de Terre Haute”, en el estado de medio oeste de Indiana, a la 1:31 de la madrugada de este miércoles (hora colombiana), anunció en un comunicado el departamento de Justicia.

Montgomery recibió una inyección letal “de acuerdo con la pena capital recomendada por unanimidad por un jurado federal e impuesta por la Corte del Distrito de Estados Unidos” de Misuri, prosiguió el texto.

Poco antes, la Corte Suprema había rechazado los últimos recursos presentados por los abogados de la mujer, a pesar del desacuerdo de sus tres magistrados progresistas.

Según ellos, su clienta padecía trastornos mentales graves, consecuencia de las agresiones y violaciones en grupo que sufrió cuando era niña, y no comprende el sentido de su condena, una condición indispensable para que sea ejecutada.

Un juez federal había ordenado el lunes suspender la ejecución a petición de la defensa, pero el ministerio de Justicia apeló esa decisión del magistrado y un tribunal de apelación anuló el fallo este martes.

La Corte Suprema de Estados Unidos, ante la que se habían presentado dos recursos distintos, dio razón en ambos casos a los abogados del gobierno de Trump.

En 2004, Montgomery, incapaz de tener un nuevo hijo, identificó a su víctima —una criadora de perros— en internet y acudió a su domicilio en Misuri con la excusa de comprarle un terrier.

En su lugar, la estranguló, le abrió el útero, tomó el bebé —que sobrevivió— y abandonó a la joven de 23 años en un charco de sangre.

Trump, un firme partidario de la pena de muerte, ignoró una petición de clemencia presentada por los apoyos de Montgomery.

10 hombres ejecutados

Desde la reanudación en julio de las ejecuciones a nivel federal en Estados Unidos, tras 17 años de pausa, se ha aplicado la pena capital a 10 hombres.

Y, además de Montgomery, la administración Trump prevé ejecutar a dos afroestadounidenses esta semana: Corey Johnson el jueves y Dustin Higgs, el viernes.

Pero en estos casos también hay incertidumbre tras la decisión de un tribunal federal de bloquear sus ejecuciones. Los dos condenados a muerte contrajeron hace poco el COVID-19 y la inyección letal podría causarles un sufrimiento ilegal, consideraron los jueces.

Exguardias de la penitenciaría de Terre Haute, por su parte, han escrito al secretario de Justicia en funciones, Jeffrey Rosen, para pedirle que posponga estas ejecuciones “hasta que el personal penitenciario esté vacunado contra el COVID-19”.

Una ejecución requiere que decenas de personas permanezcan en un entorno cerrado, ambiente propicio para la propagación del virus. Por esta razón, los estados han suspendido las ejecuciones durante meses.

El gobierno de Trump ha hecho todo lo contrario y se ha mostrado partidario de proceder con las ejecuciones lo más rápido posible antes de dejar el poder.

“En las últimas horas de la presidencia de Trump, hay una carrera por ejecutar a personas que han estado en el corredor de la muerte durante años o incluso décadas. Es una locura”, denunció en la radio NPR el lunes el senador demócrata Dick Durbin, quien anunció la presentación de un proyecto de ley para detener de nuevo las ejecuciones federales.

Después de que los demócratas retomaran el control del Senado, es posible que ese texto se adopte tras la llegada a la Casa Blanca de Joe Biden, que se opone a la pena capital.