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Condenan a firma de domicilios por no contratar ni dar seguridad social a repartidores
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La ley de España considera que empresa Deliveroo cometió fraude a la seguridad social, pues trabajadores no eran autónomos y estaban sujetos a relación laboral.
La empresa británica de entrega de comida a domicilio Deliveroo fue condenada por no reconocer a alrededor de 532 repartidores que trabajan para ellos, anunció este martes la justicia en Madrid, según El País de España.
De acuerdo con ese tribunal, estos trabajadores no eran autónomos –como alega la empresa– sino que “estaban sujetos a una relación laboral” con Deliveroo que debería haber pagado 1,2 millones de euros en cotizaciones a la Seguridad Social.
La empresa británica, como otras dedicadas a las entregas a domicilio, afirma que estos repartidores, que recorren las ciudades en bicicleta con sus grandes morrales en la espalda, trabajan de forma autónoma, con la posibilidad de escoger sus horarios y el número de horas que desean trabajar.
Pero para el juez, “lo esencial es que una vez aceptado el pedido, el mismo había de atenderse (por parte de los repartidores) de acuerdo con las detalladas instrucciones determinadas por la empresa, sin margen apreciable de autonomía del trabajador”.
El magistrado señala que Deliveroo enviaba a los repartidores más experimentados a acompañar a los nuevos en su primer día para “aprender la mecánica de la prestación de los servicios”.
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La administración se respaldaba en un informe de la inspección laboral que estimaba que los 532 repartidores de Deliveroo en Madrid entre octubre de 2015 y junio de 2017 eran empleados que deberían haber sido declarados, una decisión que puede ser apelada.
A finales de junio, la firma británica había sido condenada en un proceso similar que afectaba a 97 repartidores en la ciudad de Valencia.
Además, este año deben celebrarse en Barcelona y Zaragoza dos juicios similares nacidos también de demandas de la Seguridad Social.
La actividad de estas empresas de repartos como Deliveroo o su competidora local Glovo, con sede en Barcelona, genera polémica en España, con numerosos litigios llevados ante la justicia
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