Se le agravó situación a Maduro con la justicia de EE. UU. por delicado crimen del que lo acusan

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Unas familias en Venezuela demandaron al caído líder del régimen del vecino país al responsabilizarlo de los asesinatos de sus seres queridos entre 2017 y 2020.

Las familias de cinco jóvenes que murieron durante operativos de seguridad en Venezuela presentaron una demanda federal en Estados Unidos contra Nicolás Maduro, en un caso que busca atribuir responsabilidades por presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2017 y 2020. La acción judicial fue radicada ante un tribunal federal en Brooklyn y plantea que el mandatario autorizó una estrategia policial señalada por organizaciones de derechos humanos por graves abusos.

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Según relató The New York Times, una de las madres demandantes aseguró que su hijo de 20 años murió después de que agentes armados irrumpieran en su vivienda durante una redada en Caracas en 2017. La demanda sostiene que vecinos escucharon disparos horas después del operativo, en circunstancias que los abogados interpretan como un posible intento de aparentar un enfrentamiento armado, indicó el periódico estadounidense.

El joven figura en el expediente judicial bajo el seudónimo de ‘John Doe 3’ y forma parte de un grupo de víctimas que, según la acción legal, fueron asesinadas durante una ofensiva impulsada por el gobierno venezolano para combatir la delincuencia. El medio estadounidense señaló que la demanda menciona al menos 1.300 muertes atribuidas a una fuerza de seguridad de élite en ese periodo.

El periódico neoyorquino explicó que los demandantes acudieron a la Ley de Protección a las Víctimas de Tortura, una norma estadounidense de 1991 que permite presentar demandas civiles contra funcionarios extranjeros acusados de torturas o ejecuciones extrajudiciales cometidas en ejercicio de funciones oficiales. Los abogados consideran que esta herramienta jurídica abre una vía para buscar justicia fuera de Venezuela.

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Asimismo, The New York Times destacó que el caso es poco habitual porque intenta exigir responsabilidades a un jefe de Estado ante un tribunal de Estados Unidos. La demanda fue presentada en nombre de tres madres, un padre y una mujer que perdió a dos hermanos durante los operativos policiales.

El medio neoyorquino señaló que los familiares optaron por usar seudónimos para evitar posibles represalias. Una de las demandantes afirmó que decidió sumarse a la acción judicial porque considera que su hijo no era delincuente y que fue asesinado dentro de su propia habitación. Otra aseguró que, tras la muerte de su familiar, agentes policiales se llevaron pertenencias de la vivienda.

La demanda fue impulsada por el Centro Guernica 37, una organización dedicada a promover la rendición de cuentas por violaciones graves de derechos humanos. Michael Reed Hurtado, uno de los abogados involucrados, afirmó en The New York Times que el proceso refleja la determinación de las familias para enfrentar los abusos de poder y reclamar que nadie esté por encima de la ley.

Los hechos investigados están relacionados con la Operación de Liberación y Protección del Pueblo, una estrategia de seguridad que posteriormente dio paso a las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes). Un informe de la Organización de las Naciones Unidas, citado por The New York Times, concluyó que las fuerzas de seguridad venezolanas causaron miles de muertes entre 2018 y 2019 y, en algunos casos, alteraron escenas para simular resistencia de las víctimas.

Pese a las denuncias internacionales, Maduro, recluido en Estados Unidos, respaldó públicamente a las Faes en varias ocasiones. Entretanto, el gobierno venezolano no respondió a solicitudes de comentarios sobre la demanda, mientras que en años anteriores funcionarios del país rechazaron las conclusiones de organismos internacionales sobre la situación de derechos humanos, recordó el periódico neoyorquino.

De acuerdo con The New York Times, una de las principales discusiones jurídicas será si Maduro puede invocar inmunidad como jefe de Estado por hechos ocurridos durante su mandato. Los abogados de los demandantes consideran que existen antecedentes legales que podrían favorecer el avance del caso. Para las familias, sin embargo, el objetivo principal es combatir la impunidad que, aseguran, ha impedido obtener justicia en Venezuela.