Exzar antidrogas de México condenado a pagar USD 2.400 millones por corrupción

Una corte de Estados Unidos condenó al exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, y a su esposa a pagar 2.400 millones de dólares al Estado mexicano por un caso de corrupción. Es la segunda condena contra García Luna, luego de que en octubre pasado fuera sentenciado a 39 años de cárcel por proteger al cártel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos.

El nuevo fallo corresponde a una demanda civil que presentó México en septiembre de 2021 contra el exsecretario y su esposa Linda Cristina Pereyra, a quienes acusa de conformar una “red de corrupción y lavado de dinero” que abarcó decenas de contratos públicos. Las operaciones de blanqueo se ejecutaron en Estados Unidos.

Como secretario de Seguridad, García Luna era el responsable de la lucha antidrogas durante el gobierno del presidente conservador Felipe Calderón (2006-2012).

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF), brazo antilavado del Ejecutivo, dijo en un comunicado que “la sentencia equivale a tres veces la cantidad de dinero por la que el gobierno de México los demandó originalmente”, conforme a la ley de Florida, donde se llevó el caso.

El exfuncionario, de 56 años, fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas. Vivía desde 2012 en Estados Unidos.

El gobierno mexicano ha dicho que un conglomerado empresarial familiar de García Luna obtuvo 30 contratos con varios organismos de seguridad pública, a partir de los cuales se extrajeron recursos por un monto de 745,9 millones de dólares.

En marzo de 2023, la UIF señaló que los fondos “fueron transferidos al extranjero” mediante la utilización de paraísos fiscales y la adquisición de bienes y otros activos en el estado de Florida.

Además de las condenas por proteger al cártel de Sinaloa y el caso de lavado, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que el exfuncionario debe enfrentar otras acusaciones en México.

Entre ellas está su participación en el caso “Rápido y Furioso”, un fallido operativo realizado entre 2006 y 2011 en el que ingresaron a México más de 2.000 armas largas desde Estados Unidos con el objetivo de conocer la ruta que seguían hasta las organizaciones criminales.

Las autoridades perdieron el rastro de las armas y algunas fueron halladas en escenas de crímenes.

Además, el gobierno sostiene que García Luna debe afrontar “su involucramiento en una asociación delictuosa” para la privatización de cárceles federales y por contratos entregados de manera irregular para el equipamiento de penitenciarías.