Medellín
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Los abogados del empresario colombiano detenido en ese país africano le escribieron una dura carta al primer ministro con advertencias.
Los juristas de Álex Saab instaron este miércoles a Ulisses Correia e Silva a cumplir la orden de un tribunal africano para sacar a su cliente de prisión y ponerlo bajo arresto domiciliario.
En una carta dirigida a Correia e Silva, a la que Efe tuvo acceso, la defensa se refiere al Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), a la que pertenece Cabo Verde.
Ese tribunal dictaminó el pasado 30 de noviembre que este país insular de África occidental debe poner de inmediato bajo arresto domiciliario a Saab, que está detenido porque Estados Unidos lo solicita en extradición pues lo acusa de ser testaferro del régimen de Nicolás Maduro.
La defensa de Saab alega problemas de salud que requieren la atención de un médico fuera de la cárcel en la que está recluido, y pide que se le conceda acceso a su familia, doctores y abogados.
El empresario fue detenido el pasado 12 de junio cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla caboverdiana de Sal, tras una petición de Estados Unidos cursada a través de Interpol por supuesto blanqueo de dinero.
La corte, con sede en Abuya (Nigeria), ordenó a Cabo Verde aliviar el encarcelamiento del supuesto testaferro, al estimar que la Justicia caboverdiana “actuó fuera de su jurisdicción” cuando lo detuvo para responder a una solicitud de extradición de EE.UU.
El tribunal también admitió su condición de “enviado especial” de Venezuela, argumento que usa la defensa para alegar que la detención de Saab es ilegal porque “tenía derecho a la inviolabilidad personal” debido a ese estatus.
Sin embargo, Cabo Verde no ha ejecutado la orden del Tribunal de la CEDEAO, comunicada a las partes el 2 de diciembre.
Por eso, los abogados instan en la misiva al primer ministro caboverdiano a “utilizar sus buenos oficios para asegurar el cumplimiento inmediato de las órdenes del Tribunal Comunitario dictadas a favor de nuestro cliente sin más demora“.
Los letrados, encabezados por el abogado nigeriano Femi Falana, que el pasado octubre presentó el caso ante la corte de la CEDEAO, amenazan incluso con exigir a ese bloque regional que imponga sanciones contra Cabo Verde en caso de incumplimiento.
“Si el Gobierno se niega a eximirse del desacato del Tribunal Comunitario, no dudaremos en pedir al órgano competente de la CEDEAO que imponga sanciones a Cabo Verde por no cumplir con sus obligaciones con la Comunidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 del Tratado revisado de la CEDEAO”, aseveran.
Los abogados esperan una “respuesta positiva” del mandatario a las “medidas cautelares” decretadas para Saab por la citada corte.
Se espera que el Tribunal de la CEDEAO decida en febrero si es legal la detención de Saab con fines de extradición a Estados Unidos.
La corte africana tiene jurisdicción para escuchar quejas individuales sobre posibles violaciones de derechos humanos desde la aprobación de su protocolo de 2005.
La misiva fue enviada al primer ministro después de que el abogado caboverdiano José Manuel Pinto Monteiro, destacado miembro del equipo legal de Saab, declarara a Efe que la orden de la corte es “vinculante”, aunque atribuyó el retraso de su ejecución a la adecuación de las condiciones de seguridad del empresario.
La defensa presentó el pasado mes ante la Justicia caboverdiana dos recursos —uno desestimado y otro pendiente de resolución— para obtener la libertad del presunto testaferro al argüir que se superó “el periodo máximo permitido para permanecer en prisión”, pues el empresario lleva en prisión preventiva desde el 14 de junio.
El exjuez español Baltasar Garzón, que lidera el equipo defensor de Saab, afirmó entonces que “el plazo máximo de privación de libertad en el marco de un proceso de extradición, bajo la legislación caboverdiana, es de ochenta días”.
El Gobierno y un tribunal caboverdianos han aprobado la extradición del empresario, si bien la defensa ha apelado contra la decisión de esa corte ante el Supremo Tribunal de Justicia.
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