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Esto por cuenta de los cambios que propone el ministro del Interior para el Sistema General de Participaciones que llevaría más recursos a las regiones.
El panorama político en Colombia sigue agitado por estos días y uno de los temas que debería tener más espacio en la agenda se centra en el acto legislativo que modifica el Sistema General de Participaciones (SGP), un proyecto que se convirtió en la bandera del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y que le daría un giro a la distribución de los recursos del Estado.
La iniciativa pretende modificar las reglas de redistribución de los ingresos de la Nación y aumentar la transferencia de recursos a los departamentos, distritos y municipios, algo que desde varios sectores han considerado como una movida de Cristo para aspirar a la Presidencia en 2026.
El acto legislativo, que ya tuvo su visto bueno en la Comisión primera de la Cámara de Representantes, establece que la transferencia de recursos pase del 20 % del total de recaudo del Estado, como funciona actualmente, a un 39,5 % en los próximos años.
El proyecto de Cristo venía cabalgando con un perfil muy bajo en el Congreso, pero en los últimos días ha dado unos pasos gigantes y es casi un hecho que será aprobado en último debate en la Cámara de Representantes, donde tiene una mayoría ganada.
Uno de los más críticos con la idea es el exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry, que a través de redes sociales ha hecho eco del riesgo que representa para el país la aprobación de los cambios al SGP. Aunque reconoce que sí debería haber descentralización, es crítico con la forma en que la pretende lograr el gobierno de Gustavo Petro.
“Hoy por hoy esos recursos se gastan, más o menos 75 % en el Gobierno Nacional y un 25 % en municipios y departamentos. Esta reforma busca llevarlos casi al 40 %. El punto es que el Gobierno está con un déficit y una deuda muy grandes, entonces le está pidiendo a una entidad que no le alcanza la plata, que pase una plata grandísima a departamentos y municipios”, advierte Echeverry en entrevista con Pulzo.
Este es el diálogo del exministro con este medio:
Para el exministro, si esto se aprueba, el Gobierno tendrá tres caminos: cobrar más impuestos a los colombianos y a las empresas; endeudarse; o no pagar las cuentas, que se traduciría en una quiebra para el Estado colombiano.
“Yo no creo que tengan espacio para subir impuestos, no creo que tenga mucho espacio para aumentar la deuda más. Estamos abocados, como en Argentina o Perú, a no pagar las cuentas. Eso no es este año ni el próximo, pero será paulatinamente de aquí al final de la década”, agrega el exministro de Hacienda y expresidente de Ecopetrol.
En 1991 ya se hizo una reforma al SGP para entregarles casi el 50 % de los recursos a las regiones. Sin embargo, se dio un sobreendeudamiento y luego el Gobierno y los departamentos y municipios se quebraron.
“Aquí no es que nos estemos inventado el agua tibia, esto ya se hizo en la Constitución, y llevó a una crisis. Como resultado de esa crisis se creó el Sistema General de Participaciones y les cambiamos una participación en los ingresos por una plata fija que crecía con la inflación más unos puntos y desde entonces no ha habido crisis”, enfatiza el exministro.
Es el mecanismo actual que tiene el Gobierno Nacional para transferir a los municipios y departamentos los recursos necesarios para la atención de servicios básicos de educación, salud, agua y saneamiento básico (acueductos y alcantarillado).
El argumento del Gobierno es que es fundamental practicar estos cambios para cumplir con la “promesa” de descentralización fijada en la Constitución de 1991 y que les devuelve la autonomía a las regiones.
“La reforma de SGP responde a una demanda insatisfecha de las regiones para contar con más autonomía financiera y administrativa y es la forma, además, para permitir que el Estado lleve toda su oferta a los territorios”, dice el proyecto del Mininterior.
Ante las alertas de posible quiebra del Estado, el Gobierno asegura que no se dará, entre otras cosas, porque “la reforma solo ordena que la Nación transfiera más recursos a las regiones. También ordena que las regiones asuman más responsabilidades de gasto, por medio de una ley que redefina las competencias de la Nación y los territorios”.
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