Se le armó a Rappi: deberá modificar cláusulas, aclarar precios y promociones... y más

También tendrá que garantizar transparencia a los consumidores porque es un proveedor de bienes y servicios en medios electrónicos y no un portal de contacto.

Así lo determinó la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) al analizar varias denuncias para que Rappi cumpla con la normatividad de comercio electrónico porque no solo contacta a Rappitenderos, consumidores y aliados comerciales, sino que hace parte de la cadena de comercialización, así sea de manera indirecta, de productos que ofrece en su plataforma. 

Además, la SIC evaluó el documento denominado ‘términos y condiciones de uso de la plataforma’ por parte de los consumidores  y determinó que algunas disposiciones podrían vulnerar a los usuarios. Por ello, le exigió a la empresa ajustar sus cláusulas para proteger los derechos de los clientes.

Según la autoridad, en esos ‘términos y condiciones’, Rappi  limita la responsabilidad del proveedor respecto de las obligaciones que por ley le corresponden, involucra la renuncia de derechos del consumidor, presume su manifestación de voluntad y restringe la posibilidad de hacer efectivas las garantías o entrega de vueltas exactas.

Por otra parte, en relación con los precios anunciados, las promociones y ofertas, Rappi tendrá que informar en su plataforma el precio total de los productos, incluyendo todos los impuestos, costos y gastos, sin que sea posible la modificación posterior al momento de aceptar la orden de compra dada por el consumidor.

“Si después de haberse efectuado la transacción se anunciaran dos o más precios, el consumidor sólo estará obligado a pagar el precio más bajo”, sentenció la SIC.

La empresa también tendrá que indicar a los usuarios, de manera previa a la aceptación de la oferta, la procedencia del derecho de retracto y de reversión de pago; al tiempo que deberá disponer en la plataforma mecanismos para la recepción de peticiones, quejas y reclamos (PQR) al alcance de los consumidores.

Rappi deberá acreditar el cumplimiento de estas órdenes dentro de los próximos treinta días o, de no cumplir, será multado hasta con 828 millones de pesos.