Empresarios le pegan aterrizada a minsalud por su reforma: dicen que no hay tanta plata

Justo antes de que empiecen los debates en el Congreso para la aprobación de la reforma a la salud, la Andi emitió un comunicado en el que pide aclaraciones por factores como el impacto tributario.

Ante una transición tan radical, ese gremio expresa su preocupación acerca de la forma en la que se costeará la reforma a la salud en nuestro país.

Esto dijo la Andi:

La Andi recalca que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) no cuenta con el dinero suficiente para las funciones que el Gobierno quiere darle con la reforma.

De igual forma, ese gremio añade que con la limitación de un solo sistema de salud se está acabando con el derecho de la gente a elegir su atención en ese rubro.

(Vea también: “Hay que proteger al presidente”: Roy Barreras dijo que reforma a la salud golpearía a Petro).

“Bajo este modelo se pierde el derecho a la libre escogencia que ha sido fundamento del sistema actual. No resulta claro si el CAP (Centro de Atención Primaria) representa al usuario, si gestiona su riesgo en salud y también el financiero, si las entidades territoriales conforman las redes y cómo se garantiza la atención por fuera del CAP para el ciudadano”, apuntó la Andi en un comunicado.

Las incapacidades médicas y otros elementos que peligran por reforma a la salud

Ante la virtual eliminación de las EPS, analistas señalan que el proyecto de reforma a la salud deja en el aire funciones como la gestión de incapacidades.

Un análisis, presentado por La República, detalla cuáles son los elementos que no seguirán siendo administrados por las EPS y que tampoco han sido aclarados en la reforma.

“Gestión de información, afiliación, educación al usuario y comunidad, gestión y pago de incapacidades, gestión y pago de licencias, gestión financiera de los recursos”, son algunos de los trabajos que hacían las EPS y que ahora no tienen administrador claro, según ese diario.

La reforma habla de una auditoría nueva y “descentralizada” para ordenar el pago de servicios, pero también el de las incapacidades médicas en todo el país. Sin embargo, no ahonda del todo en sus funciones.