¿Más de $ 2'400.000? Ilusionan con nueva cifra para el salario mínimo de 2027 en Colombia

Fabio Arias, expresidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), destapó la carta inicial de las centrales obreras de cara a la negociación del salario mínimo de 2027: un incremento sin precedentes del 38,5 por ciento. De concretarse de forma hipotética en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales antes del 31 de diciembre de 2026, el sueldo básico de los colombianos daría un salto de 673.098 pesos, pasando de los actuales 1.750.905 pesos a 2.424.003 pesos mensuales, sin contabilizar el auxilio de transporte.

La agresiva solicitud sindical se fundamenta en la búsqueda del denominado “salario mínimo vital”, un estándar con el que el bloque de trabajadores pretende cerrar la brecha entre los ingresos corrientes y el costo real de vida en el país. Según explicó Arias, el porcentaje del 38,5 por ciento deberá ser ratificado y unificado en el seno del Comando Nacional Unitario antes de sentarse en la mesa tripartita junto con el Gobierno Nacional y los gremios empresariales, donde se prevén acalorados debates técnicos y financieros.

En el extremo opuesto, los estudios macroeconómicos proyectan ajustes mucho más conservadores ligados al comportamiento de la inflación y la productividad. Un reciente informe de la firma Moore Colombia planteó tres escenarios de incremento para 2027 con ajustes del 6,29 %, 8 % y 10 %. Bajo estas simulaciones técnicas, el sueldo básico se fijaría entre 1.861.037 pesos y 1.925.996 pesos, representando un alza mensual bruta de entre 110.132 pesos y 175.091 pesos respecto al valor actual.

El margen real de la negociación estará supeditado a los consolidados económicos que presente el Dane a cierre de año, recordando que la inflación anualizada a septiembre de 2026 se ubicó en el 6,29 por ciento. Paralelamente, las decisiones de la junta directiva del Banco de la República, que mantiene la tasa de intervención en el 12,25 por ciento, presionan la necesidad de lograr un acuerdo concertado que garantice el poder adquisitivo de las familias sin desencadenar presiones inflacionarias o un impacto negativo en la generación de empleo formal en el territorio nacional.