Problemón con edificios y conjuntos en Colombia: aumento del mínimo choca con otra cifra clave

En edificios y conjuntos donde las administraciones suben el equivalente al IPC (5,1 %), hay dudas por los pagos a trabajadores que suben un 23 %.

La cuota de administración en edificios y conjuntos residenciales en Colombia puede subir en 2026 por el impacto del aumento del salario mínimo (23 %) y la inflación de 2025 (5,1 %), dos factores que encarecen costos como vigilancia, aseo, personal administrativo y mantenimiento.

Sin embargo, la ley no fija un porcentaje máximo de incremento ni obliga a usar como referencia el IPC o el salario mínimo. Según la Ley 675 de 2001, el valor de la cuota debe ser aprobado por la Asamblea General de Copropietarios junto con el presupuesto anual.

Para que el aumento sea válido, la administración debe presentar un presupuesto detallado, este debe ser discutido y aprobado en asamblea y el nuevo valor debe quedar registrado en un acta. Sin ese procedimiento, no hay base legal para cobrar una cuota superior.

Por eso, algunos conjuntos han aplicado incrementos cercanos al 23 %, alineados con el salario mínimo, mientras otros han optado por ajustes equivalentes a la inflación.

La cuota no puede aumentar si la decisión es unilateral del administrador, si no se ha realizado la asamblea o si no existe un acta válida que respalde el nuevo valor. En esos casos, debe mantenerse la tarifa anterior.

Los propietarios pueden solicitar y revisar los documentos que sustentan el incremento para verificar que cumpla con la ley y las normas internas.

Petro hizo dura advertencia por aumentos a trabajadores de conjuntos

El presidente Gustavo Petro lanzó una dura advertencia sobre los aumentos en las cuotas de administración y los servicios de seguridad en conjuntos residenciales, en un contexto marcado por la inflación de 2025, que cerró en 5,1 %.

Este dato, revelado por el Dane, servirá de base para múltiples ajustes en 2026, incluidos arriendos, matrículas educativas, servicios públicos, transporte y peajes, lo que genera un efecto en cascada sobre el costo de vida de los hogares.

Ante este panorama, Petro pidió a las asambleas de copropietarios no aplicar incrementos desmedidos en las cuotas de administración presionadas por las empresas de vigilancia privada.

A través de sus redes sociales, instó a que los aumentos se calculen con base en la inflación y no en el alza del salario mínimo, argumentando que los vigilantes no reciben sueldos altos y que los mayores beneficios quedan en manos de los dueños de las compañías de seguridad. El llamado del mandatario generó fuertes críticas.

La senadora María Fernanda Cabal afirmó que Petro desconoce el funcionamiento del sector, señalando que las empresas de seguridad enfrentan altos costos operativos y están sujetas a márgenes regulados.

A estas críticas se sumó el experto Víctor Muñoz, quien cuestionó las afirmaciones del presidente sobre la fijación de tarifas. El debate dejó en evidencia la tensión entre el control de costos para los ciudadanos y la sostenibilidad de los servicios privados.