Petro explicó propuesta para que mínimo vital quede en $ 2'155.000: "Cerrar la brecha"

Economía
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Escrito por:  Fabián Ramírez
Actualizado: 2026-02-15 11:23:38

El mandatario se basó en el estudio de un economista sobre la productividad laboral y el salario real. Este domingo hará una alocución.

El debate por el salario mínimo en Colombia acaba de subir de temperatura. Tras la suspensión del decreto anterior por parte del Consejo de Estado, el presidente Gustavo Petro puso sobre la mesa una cifra que para muchos parece un sueño y para otros una alarma: $2’155.000 mensuales.

Según el mandatario, este debería ser el “salario mínimo vital” para cerrar las brechas que se han abierto en las últimas dos décadas entre lo que producen los trabajadores y lo que realmente reciben en su cuenta bancaria.

La propuesta de Petro no salió de la nada. Se apoya en un análisis del economista Daniel Ossa, quien utilizando cifras de la OCDE, reveló que desde 1996 el salario mínimo ha crecido mucho menos que la productividad laboral.

A pesar del entusiasmo del Gobierno y de sectores que piden incluso aumentos superiores al 23 %, abogados y expertos lanzan una advertencia seria: el Consejo de Estado está vigilando.

Ivonne Aristizábal Rojas, de Aristizábal & Rodríguez Legal Partners, asegura que si el Gobierno saca un nuevo decreto con el mismo 23 % o más, podría caer en un “desacato material”. El tribunal no solo frenó el aumento por la cifra, sino por la falta de criterios técnicos legales.

Por su parte, Alexander Bermúdez, director de Juridex Abogados, explicó que el Gobierno no puede simplemente cambiarle el nombre al decreto y mantener la cifra. “Si se aplican parámetros como el PIB y la inflación con rigor, no hay forma técnicamente honesta de llegar al 23 %“, sentenció.

Lo que viene para su bolsillo

El país queda ahora a la espera de un hilo muy delgado:

  1. El decreto transitorio: El Gobierno debe emitir una nueva norma que no “copie” la anterior.

  2. Presión social: Ministros como Edwin Palma ya piden a la ciudadanía movilizarse para defender el aumento.

  3. Riesgo de desacato: Si el Ejecutivo ignora la orden judicial de usar criterios técnicos (y no solo políticos), el salario mínimo podría quedar en un limbo jurídico aún más profundo.

 

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