Otra reconocida marca (muy tradicional) quedó con Lili Pink en mira de autoridades por tema delicado

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La fuerza pública intervino 38 predios valorados en $ 379.873 millones situados en Bogotá y Cundinamarca, en el marco de una investigación judicial.

Así como algunos centros comerciales quedaron bajo lupa por una actividad irregular, una marca muy tradicional en Colombia está en la mira de las autoridades por un tema muy delicado.

La fuerza pública intervino 38 predios valorados en $ 379.873 millones situados en Bogotá y Cundinamarca, en el marco de pesquisas judiciales por presunta legitimación de capitales, incremento patrimonial no justificado e ingreso ilegal de mercancías.

Las diligencias operativas, coordinadas por la Decimotercera Brigada militar con el respaldo de la fiscalía y la administración especial de activos, afectaron inmuebles donde funcionan sedes comerciales de Koaj y Lili Pink.

Las restricciones legales adoptadas abarcan el embargo, secuestro y congelamiento de facultades dispositivas, impidiendo cualquier enajenación, traspaso o manejo patrimonial libre mientras se desarrolla la acción judicial.

El conjunto de propiedades fiscalizadas integra fincas, apartamentos, bodegas, áreas de parqueo y locales comerciales que habrían sido comprados mediante fondos ilícitos o vinculados a las actividades delictivas investigadas.

De la totalidad de inmuebles intervenidos, 21 se localizan en la capital del país, especialmente en sectores como Unicentro y Toberín, según reportó el brigadier general William Fernando Caicedo Benavidez, líder de la unidad militar.

Dentro de esa selección quedaron cobijados espacios comerciales que albergan puntos de venta de Koaj y Lili Pink, junto a otras propiedades cobijadas bajo el mismo procedimiento judicial.

Los 17 inmuebles restantes se ubican en los municipios de Tabio, Tenjo, Funza y La Calera.

Dichos terrenos, principalmente de carácter rural, recibieron prohibiciones de enajenación para determinar su posible vínculo con el entramado delictivo, quedando su custodia administrativa bajo el organismo oficial correspondiente.

La presencia de sedes de Koaj y Lili Pink entre los predios afectados no implica automáticamente una declaración de extinción dominial sobre las marcas en su conjunto.

Las decisiones anunciadas aplican sobre instalaciones físicas puntuales y corresponden a una fase procesal en desarrollo, donde los titulares podrán presentar recursos de objeción legal.

Este procedimiento sucede a otra medida previa desarrollada durante el presente mes sobre el conglomerado empresarial asociado a Lili Pink.

El pasado 16 de septiembre, el ente acusador ordenó medidas cautelares sobre 45 propiedades valoradas en más de $184.615 millones, repartidas en Bogotá y seis departamentos.

Ese lote agrupaba 17 predios rurales y 28 urbanos situados en Bogotá, Funza, La Calera, Tenjo, Cartagena, Pereira, Ibagué y Cali.

La investigación sobre Lili Pink trascendió públicamente el 27 de abril, cuando la fuerza pública inspeccionó más de 400 establecimientos comerciales y materializó varias capturas.

Entre los procesados figura el abogado Walter Martínez Martínez, a quien la Fiscalía imputó los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y contrabando. Él no aceptó los cargos.

La hipótesis fiscal plantea que la organización habría empleado redes importadoras y empresas fachada para ingresar vestuario, juguetes y cosméticos sin aranceles, distribuyéndolos para simular legalidad financiera.

Las cifras del expediente revelan la magnitud económica de las maniobras bajo análisis.

Los peritajes judiciales estiman que la red habría movido más de $730.000 millones en blanqueo de capitales, además de un enriquecimiento ilícito de $430.000 millones y contrabando por $75.000 millones.

Estas estimaciones forman parte de la acusación y requerirán validación durante las etapas del juicio correspondiente.

Los tribunales encargados determinarán las responsabilidades penales de los implicados y definirán la procedencia legal de cada bien intervenido por los organismos estatales.

Mientras avanza el juzgamiento, los 38 bienes permanecerán bajo custodia pública para garantizar su conservación y evitar cualquier maniobra de ocultamiento.

Según el fallo definitivo, los bienes retornarán a sus propietarios o pasarán a propiedad del Estado colombiano.

Los involucrados podrán ejercer su derecho a la defensa, mientras la representación fiscal deberá sustentar el origen ilícito de los fondos comprometidos.