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Una empresa tomó en arriendo varios inmuebles que la SAE administraba y en 6 años nunca les pagó por los arriendos. Adeudan más de 5.000 millones de pesos.
Un nuevo escándalo por una presunta estafa a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) fue denunciado por la Contraloría General de la República. Al parecer, esa entidad fue estafada en un contrato de arrendamiento, informó Blu Radio.
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Para entender el caso, es preciso saber qué es la Sociedad de Activos Especiales. Esa entidad está vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y tiene como objetivo administrar todos los bienes especiales que están en proceso de extinción de dominio.
De acuerdo con la emisora, el caso se dio porque un funcionario de la SAE constituyó una sociedad llamada APVA S.A, que suscribió un contrato con la entidad en calidad de depositario. O sea, para subadministrar algunos bienes de la misma.
Esa nueva empresa tomó en arriendo varias propiedades. Los inmuebles fueron 4 edificios en Cali, 2 en Bogotá y uno en Villavicencio. El deber de APVA era girarle a la SAE mensualmente los dineros correspondientes al arriendo. Las propiedades fueron arrendadas a distintas instituciones educativas como la Uniandina, el Cidca e Intenalco.
Sin embargo, esto nunca ocurrió. Durante 6 años APVA, responsable por esos inmuebles, le dijo a la SAE que nunca recibió los pagos mensuales por el arriendo de estos edificios y que por ello no pudo girarle el dinero.
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Esa afirmación, según la Contraloría, es falsa, y desde 2012 hasta 2018 APVA presuntamente se guardó unos 5.689 millones de pesos por concepto de arriendo de los edificios.
La salida resultó fácil para esa empresa pues en lugar de entregar los dineros correspondientes, le dijeron a la SAE que nunca les pagaron y así optaron por tomar la figura de deterioro de la cartera, la cual anuló la deuda.
Para mala suerte de la sociedad APVA, la mentira se cayó luego de que Intenalco, una de las entidades, reportara que había entregado todos los comprobantes de pago mensual que requirió la Contraloría en la investigación.
Con esas pruebas pudo determinar que las instituciones sí habían hecho los pagos a APVA y que esa última sociedad fue la que incumplió con las condiciones.
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