Colombia acelera su revolución de energías renovables: retos, récords y el futuro que ya comenzó

El crecimiento de las energías renovables en Colombia se ha convertido en uno de los pilares fundamentales dentro de la estrategia nacional hacia una matriz eléctrica más sostenible y resiliente. Actualmente, el país cuenta con 2.376 megavatios (MW) de capacidad instalada en proyectos de mediana y gran escala, según cifras de la Asociación de Energías Renovables (SER Colombia). Esta cifra incluye 85 proyectos, mayoría de origen solar, que están en operación o en fase de pruebas. De ellos, solo en 2025 se incorporaron 482 MW, volumen equiparable al consumo eléctrico conjunto de ciudades como Cali y Barranquilla.

La expansión no se limita a proyectos de gran escala; cerca de 1 gigavatio adicional proviene de iniciativas de autogeneración y generación distribuida, implementadas a través de más de 20.000 proyectos en todo el territorio nacional. Estas cifras reflejan un avance hacia la descentralización de la producción eléctrica y una mayor incorporación de energías limpias en la vida cotidiana de los colombianos. Según SER Colombia, la inversión acumulada en estos proyectos supera los 2.500 millones de dólares, generando más de 22.000 empleos directos en la fase de construcción y aportando cerca de 10 billones de pesos al fisco y al mercado eléctrico.

Alexandra Hernández, presidente ejecutiva de SER Colombia, subraya que estos logros son indicativos de la viabilidad y la importancia estratégica de las renovables para la economía y la sociedad colombiana. Sin embargo, señala que persisten desafíos críticos, especialmente en el ámbito regulatorio y financiero, que pueden ralentizar el ritmo de incorporación de nuevos proyectos. Actualmente existen 247 trámites pendientes ante diferentes entidades, con algunos procesos demorando hasta 2.000 días. La tramitología, en particular la relacionada con licencias ambientales, y la dificultad para lograr el cierre financiero, representan barreras que impactan negativamente la entrada en operación de proyectos renovables.

En respuesta, SER Colombia y el Gobierno han impulsado un plan con ocho medidas, entre las que destacan la simplificación de la licencia ambiental para parques solares, la agilización de trámites para coexistencia con actividades extractivas y la pronta realización de subastas de contratos de largo plazo. De las ocho medidas, cinco ya presentan avances tangibles, incluyendo propuestas normativas para el almacenamiento mediante baterías y un mecanismo exprés para liberar capacidad y facilitar la conexión de nuevos proyectos.

No obstante, la urgencia de acelerar esta transición es grande. Se proyecta que, si se superan las barreras regulatorias y financieras actuales, 132 proyectos adicionales sumarían hasta 7.900 MW entre 2026 y 2029. Esta expansión permitiría diversificar la matriz energética, reducir la dependencia de combustibles fósiles, aumentar el empleo y la inversión, y ofrecer tarifas eléctricas más competitivas. Asimismo, fortalecería la resiliencia del sistema eléctrico en un contexto de creciente variabilidad climática y elevados consumos.

La situación de Colombia no se vive en aislamiento regional. Países como Chile y Uruguay han avanzado de forma ejemplar en la consolidación de energías renovables. Por ejemplo, Chile aspira a cubrir el 60% de su capacidad instalada con fuentes limpias al año 2030, según el Observatorio Latinoamericano de Políticas Energéticas. Estas referencias internacionales pueden servir como guía para perfeccionar el proceso colombiano hacia una transición energética exitosa.

En conclusión, el momento actual de las energías renovables en Colombia es de promesa y desafío. Superar los obstáculos identificados exige la coordinación entre el Estado, sector privado y autoridades ambientales, con el objetivo de asegurar que los múltiples beneficios de la energía limpia se materialicen y contribuyan al desarrollo sostenible del país.

Preguntas frecuentes relacionadas

¿Cuáles son los principales obstáculos regulatorios para nuevos proyectos de energías renovables en Colombia?

El marco regulatorio colombiano, aunque ha experimentado ciertas mejoras en los últimos años, presenta retos importantes que dificultan el desarrollo de nuevos proyectos renovables. Entre los mayores obstáculos se encuentran la gran cantidad de trámites requeridos —algunos de los cuales pueden demorar hasta 2.000 días—, las complejas exigencias para obtener licencias ambientales y la falta de normativas claras para mecanismos innovadores como el almacenamiento con baterías. Estas demoras no solo postergan la entrada en operación de proyectos, sino que desincentivan la inversión en el sector, lo que puede poner en riesgo el cumplimiento de las metas energéticas nacionales.

La falta de procesos ágiles y transparentes afecta, además, la confianza de los inversionistas y la capacidad de competir con otros mercados regionales. Por esta razón, tanto el Gobierno como los actores del sector están trabajando en la implementación de medidas que permitan acortar los plazos, simplificar procedimientos y promover una mayor colaboración interinstitucional, que serán claves para garantizar el desarrollo sostenido de las energías renovables.

¿Qué es la autogeneración y cómo contribuye al sistema eléctrico colombiano?

La autogeneración es un mecanismo mediante el cual usuarios residenciales, comerciales o industriales producen su propia energía eléctrica, generalmente a partir de fuentes renovables como solar o eólica. En Colombia, la autogeneración ha crecido notablemente en los últimos años, con más de 20.000 proyectos en operación que suman cerca de 1 gigavatio de capacidad instalada. Este avance ha jugado un papel esencial en la descentralización y diversificación de la matriz energética nacional.

La contribución de la autogeneración no solo radica en la reducción de costos para los propios generadores, sino que también disminuye la carga sobre el sistema centralizado, especialmente en momentos de alta demanda o restricciones climáticas. Además, fomenta la cultura del uso eficiente de la energía y promueve la participación ciudadana en la transición hacia un modelo energético más limpio y sostenible.