Elefantes blancos acaban con Colombia: a $ 12 billones asciende desfalco en obras fantasma

Economía
Tiempo de lectura: 6 min

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Escrito por:  Paola Páez Infante
Actualizado: 2024-08-26 15:13:02

El Departamento Nacional de Planeación lanzó una alerta por los 12,1 billones de pesos de regalías en riesgo de perderse por la corrupción en cientos de obras.

El director del DNP, Alexánder López Maya, entregó esa cifra al revelar que evaluó el Sistema General de Regalías (SGR) y encontró que esos recursos están comprometidos a través de 2.094 proyectos que tienen contratos suspendidos o se ha vencido su programación.

(Vea también: Gustavo Petro pide proteger los recursos de regalías y de la paz: “Se robaron la plata”)

Según el funcionario, en el diagnóstico encontraron que “las irregularidades eran pasadas por alto sin importar que miles de colombianos en sus territorios observan cómo el dinero de sus regalías  quedaba en obras inconclusas, disfuncionales, suspendidas y con plazos vencidos“. Además, para dimensionar el problema, el director expresó:

“Solo para que se hagan una idea, con estos $ 12,1 billones en riesgo lograríamos solucionar definitiva e integralmente el acceso al agua de todo el pueblo de La Guajira, podríamos realizar el acueducto y alcantarillado de Quibdó, el acueducto y alcantarillado de Buenaventura, el acueducto de Tumaco y el abastecimiento de agua potable de todo el Urabá”.

El presidente Gustavo Petro pidió investigar lo que considera un desfalco a la Nación:

Dijo también que una de las consecuencias más graves es que se ha debilitado la autonomía de los entes territoriales, porque se resignaron a no ejecutar directamente sus recursos de regalías por desconocer cómo estructurar y llevar a cabo diferentes proyectos de inversión.

(Vea también: ¿Más agua para Bogotá?: Cundinamarca encontró cómo cerrar la llave de la capital)

Recursos de regalías que se han perdido

Según la información, entre 2017 y 2024 han sido aprobados 19.393 proyectos por un valor de 68,54 billones de pesos; 55 % de esos recursos fueron aprobados entre 2021 y 2023, representando así “los años de mayor concentración de recursos de la historia”.

Ese dinero quedó en 19.393 proyectos, de los que se han terminado 12.106. Mientras que hay 656 proyectos por 2,3 billones de pesos, pero están sin contratar y otros 6.631 están en ejecución.

Sin embargo, no es tan cierto que esos más de 12.000 ya estén terminados tal como se registraron, pues hay 277 en los que el avance físico de la obra no supera el 85 % y otros 58 que no se concluyeron porque  las entidades territoriales decidieron no continuar con la ejecución de las obras por irregularidades técnicas, jurídicas y administrativas.

El DNP le sumó además los 2.133 proyectos por valor de $ 3,5 billones que no registran en el sistema el acta de terminación y entrega a satisfacción de la obra.

(Vea también: Destaparon problemón con plata en el ICBF; más de $ 1.900 millones andan perdidos)

Pero lo grave es que el riesgo del que alerta López Maya está en los otros 2.094 proyectos que suman 12,1 billones de pesos y tienen otras irregularidades:

  • 1.497 proyectos presentan plazo de ejecución vencida por valor de $ 9,2 billones.
  • 301 proyectos con todos los contratos suspendidos por valor de $ 1,2 billones.
  • 296 proyectos con todos los contratos suspendidos y con plazos vencidos por valor de $ 1,5 billones.

Investigaciones sobre regalías

En medio de sus anuncios, el director del DNP les pidió a a Fiscalía, Procuraduría y Contraloría investigar esos proyectos, pero también la concentración de los recursos de las regalías:

“Al revisar la concentración de recursos en los entes territoriales, encontramos que solo 20 municipios concentran $ 11 billones en 2.156 proyectos, de los cuales, Puerto Gaitán y Valledupar han recibido más de $ 1.1 billones cada uno y, sin embargo, sus índices de pobreza multidimensional se encuentran en 30,5 % y 49,8 % respectivamente, lo que demuestra que los recursos que reciben por cuenta del Sistema General de Regalías no han sido dirigidos al cierre de brechas y a la reducción de las necesidades básicas insatisfechas de su población”.

Y sumado a eso, según explicó López Maya, de los $ 68,54 billones administrados entre 2017 y 2024, el 32 % de los recursos que debían ser ejecutados por los municipios y los departamentos, los realizan otros ejecutores como los fondos mixtos, esquemas asociativos, las fundaciones, las agencias y las empresas de servicios públicos.

(Vea también: Sneyder Pinilla rompió el silencio ante la Corte y siguió ventilando caso de la UNGRD)

En total, según el informe del DNP, 11 contratistas concentran 6,6 billones de pesos así:

  1. La Agencia de infraestructura del Meta con 55 proyectos por $ 1,2 billones y 174 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades.
  2. La Fundación Universidad del Valle con 101 proyectos por $ 770.000 millones y 12 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades.
  3. El Fondo Mixto para la promoción del deporte con 85 proyectos por $ 698.000 millones y 18 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades.
  4. El Fondo Mixto Sierra Nevada con 164 proyectos por $ 698.000 millones y 8 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades.
  5. Foncolombia con 153 proyectos por $ 368.000 millones y 3 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades.
  6. AREMCA con 116 proyectos por $ 610.000 millones y 3 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades.
  7. ASOMUDACAR con 115 proyectos por $ 421.000 millones y un reporte a órganos de control por presuntas irregularidades.
  8. ASOSUPRO con 70 proyectos por $ 369.000 millones y un reporte a órganos de control por presuntas irregularidades.
  9. La Empresa de servicios públicos de Casanare con 30 proyectos por $ 589.000 millones y 7 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades.
  10. La Empresa de servicios públicos del Meta con 72 proyectos por $ 485.000 millones y 3 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades.
  11. DISPAC con 9 proyectos por $ 421.000 millones y 3 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades.

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