Dian anunció millonarias sanciones y embargos contra 11.000 personas, por lío con impuesto

Todo por presunta omisión en la consignación de retenciones en la fuente, IVA o Impuesto Nacional al Consumo, según lo estipulado en el artículo 402 del Código Penal. Esta medida responde a un incumplimiento que asciende a $ 697.000 millones en recursos no trasladados al Estado.

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Los contribuyentes señalados ya estaban en procesos de cobro coactivo, pero no aprovecharon la Jornada Nacional de Cobro desarrollada en junio de 2025, coordinada con la Fiscalía General de la Nación, explicó Asuntos Legales.

Esta jornada representaba la última oportunidad para que los deudores saldaran sus obligaciones, incluyendo intereses, y evitaran acciones penales. Sin embargo, al no acudir a esta citación, los responsables enfrentarán ahora procesos judiciales sin posibilidad de beneficios.

Los afectados, tanto personas naturales como representantes de empresas, enfrentan no solo sanciones económicas, sino también la posibilidad de prisión, lo que podría impactar su situación personal y profesional.

Luis Eduardo Llinás Chica, director encargado de la Dian, fue enfático al señalar en el citado medio que los procesos avanzarán sin contemplaciones. Las sanciones incluyen penas de prisión de 48 a 108 meses y multas equivalentes al doble del valor no consignado, con un tope de $ 50.794 millones.

Estas medidas aplican tanto a personas naturales como a los responsables de entidades jurídicas que omitieron declarar o consignar las retenciones correspondientes, detalla el medio especializado. 

Dian anuncia medidas contra evasión en Colombia

A partir de julio de 2025, la Dian intensificará sus esfuerzos para combatir la evasión fiscal mediante jornadas permanentes de cobro con un enfoque tecnológico y operativo más robusto. Entre las medidas anunciadas se destacan:

• 11.000 visitas a deudores con una cartera cercana a $ 1,3 billones.
• 6.140 medidas cautelares, incluyendo embargos de bienes y cuentas bancarias, para recuperar $ 1,2 billones.
• 1.830 embargos de créditos a través de facturación electrónica, con un objetivo de recuperar $ 400.000 millones.
• Denuncias ante la Fiscalía por obligaciones tributarias que suman $ 185.000 millones.