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“No quiere saber de él”: fría revelación sobre el papá del menor que disparó a Miguel Uribe
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La empresa Air-e, con sede en Barranquilla, fue mencionada en una actuación administrativa e indagación preliminar por presuntos incumplimientos laborales.
De acuerdo con W Radio, el Ministerio del Trabajo inició una importante investigación administrativa sobre la empresa energética Air-e, con sede principal en la ciudad de Barranquilla y que actualmente está bajo la supervisión de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Esta investigación surge en respuesta a varias denuncias que apuntan a posibles infracciones de las normativas laborales dentro de la compañía. Curiosamente, el anuncio se produce luego de la reciente rectificación que solicitó la empresa al exempleado Franklin Torres, quien habló con el medio Zona Cero sobre la presunta desvinculación, sin justa causa, que sufrió junto a 150 de sus compañeros.
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De igual manera, desde Presidencia de la República publicitaron recientemente la formalización de 426 empleados en la empresa, gracias a la intervención gubernamental.
Justamente, en el marco de estas intervenciones, desde Mintrabajo se destinará un grupo encargado de prevención, inspección, vigilancia y control para liderar las averiguaciones. Esta decisión deviene de la existencia de alegatos que indican manejos irregulares frente a la normativa laboral.
En los detalles expuestos por la emisora, se relata que estos eventos cuestionables coincidieron con el período en que la entidad fue intervenida. Como parte del proceso investigativo, la empresa ha sido mandatada a explicar tanto las bases fácticas como legales que rodean las acusaciones de no efectuar los pagos correspondientes al finiquito de contratos de trabajo.
Esta situación es especialmente controversial dado que, según los registros, dichos pagos fueron anteriormente aprobados por la junta directiva de la organización y forman parte del modelo de compensaciones variables que maneja la compañía.
“La posible violación normativa que cubre el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con el reconocimiento u omisión en el pago de indemnizaciones por no cumplir con las prestaciones sociales adeudadas”, se expone en el documento oficial.
Además de establecer los hechos, la autoridad laboral también tiene como objetivo “identificar a los presuntos responsables” de estas irregularidades, recolectar pruebas adicionales que confirmen estos actos y verificar la frecuencia y gravedad de la situación.
Por último, desde el Ministerio del Trabajo se ha comunicado que el despacho posee plena autoridad para continuar, profundizar y resolver la investigación en primera instancia. Esto incluye la potestad de imponer sanciones administrativas si se determina que hay méritos suficientes para proceder con tal acción.
Franklin Torres, quien trabajó 16 años como coordinador logístico en Air-e, declaró a través del medio Zona Cero que su contrato no fue renovado, al igual que el de más de 150 empleados de las zonales Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Según Torres, estas desvinculaciones se ejecutaron “sin justa causa” y los reemplazos fueron personas “sin experiencia en el sector”. También afirmó que el proceso de contratación carece de transparencia y que algunos empleados enfrentan bloqueos en su vinculación directa.
La empresa Air-e respondió que las afirmaciones de Torres son “totalmente falsas” y que la terminación de contratos se debió al vencimiento de los plazos, no a despidos. Además, destacaron que recientemente formalizaron a 215 trabajadores en un evento respaldado por ministros del Gobierno. Air-e solicitó pruebas de las acusaciones y advirtió sobre posibles acciones legales para proteger su reputación.
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