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La liquidación procede en diversos casos: renuncia, despido sin justa causa, entre otros. Esta depende de diversos factores que se deben tener en cuenta.
Al finalizar un contrato laboral en Colombia, ya sea a término fijo o indefinido, el empleador está obligado a pagar una liquidación al trabajador.
Esta incluye salarios pendientes, cesantías, intereses sobre cesantías, prima de servicios y vacaciones proporcionales.
(Vea también: Les subirán el salario (desde ya) a miles de trabajadores en Colombia: el más alto en años).
En caso de negativa por parte de la empresa, el empleado puede acudir al Inspector de Trabajo con pruebas como el contrato y los pagos adeudados para iniciar un proceso legal.
La liquidación procede en diversos casos: renuncia, despido sin justa causa, muerte del trabajador, acuerdo entre las partes, expiración del contrato, culminación de obra, cierre de la empresa o por orden judicial, entre otros. No aplica para servidores públicos, contratistas independientes, trabajadores con salario integral o quienes reciben cesantías retroactivas.
Para un trabajador que devengó el salario mínimo entre marzo de 2024 y febrero de 2025, y no tomó vacaciones, la liquidación total ascendería a aproximadamente 4.488.702 pesos, teniendo en cuenta el salario mínimo de 2025 (1.623.500 pesos).
El cálculo se realiza con base en el Salario Base de Liquidación, que incluye todos los ingresos salariales.
Para facilitar este proceso, el Ministerio del Trabajo ofrece la herramienta ‘Mi Calculadora’ en su sitio web, donde los ciudadanos pueden calcular fácilmente el valor correspondiente a su liquidación.
Las empresas están legalmente obligadas a pagar liquidación a sus trabajadores cuando finaliza la relación laboral, independientemente de si esta termina por renuncia, despido, vencimiento del contrato o cualquier otra causa establecida por la ley. Esta obligación se fundamenta en la legislación laboral colombiana, que busca proteger los derechos del trabajador y garantizarle una compensación justa por el tiempo y los servicios prestados. La liquidación incluye conceptos como cesantías, intereses sobre las cesantías, prima de servicios, vacaciones no disfrutadas y salarios pendientes, entre otros, los cuales son derechos adquiridos por el trabajador a lo largo de su vínculo con la empresa.
Negar el pago de la liquidación constituye una falta grave que puede traer consecuencias legales para el empleador, incluyendo sanciones económicas, demandas laborales e incluso investigaciones por parte del Ministerio del Trabajo.
Más allá de una exigencia legal, el pago de la liquidación refleja el cumplimiento de principios éticos y de responsabilidad social empresarial. Las organizaciones que respetan los derechos de sus empleados contribuyen a la construcción de relaciones laborales sanas, fomentan un ambiente de trabajo respetuoso y generan una reputación positiva tanto dentro como fuera del mercado laboral.
Cumplir con las obligaciones legales y contractuales no solo evita conflictos judiciales, sino que también refuerza la confianza de los trabajadores actuales y futuros, lo cual puede traducirse en mayor productividad y compromiso del personal. Además, las empresas que incumplen estas obligaciones pueden enfrentar dificultades en auditorías, procesos de contratación pública o certificaciones de calidad, lo que perjudica su competitividad y sostenibilidad.
Asimismo, la liquidación cumple una función económica importante para el trabajador, ya que le permite enfrentar un periodo sin ingresos tras la terminación de su empleo. Es una especie de respaldo económico que amortigua los efectos negativos de quedar desempleado, lo que a su vez contribuye a la estabilidad social.
Por esta razón, su cumplimiento se considera una responsabilidad ineludible del empleador, que no debe verse como un gasto, sino como un reconocimiento justo al aporte del trabajador durante su permanencia en la empresa. En suma, pagar la liquidación no solo es una obligación legal, sino también una muestra de justicia, respeto y coherencia empresarial que protege los derechos del trabajador y fortalece el tejido laboral del país.
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