Lanzan dura advertencia por aumento de gasto público que propone Petro; hay varios peligros

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El Presupuesto General de 2022 y la modificación del techo del mismo, es consistente con los escenarios macroeconómicos y con el marco fiscal.

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal de Colombia (CARF), en su cuarto pronunciamiento, se refirió a lo que espera del Gobierno Nacional Central, de la administración del presidente Gustavo Petro y también de los retos que se siguen viendo en finanzas: ¿qué pasará con la reforma tributaria propuesta?

(Vea también: Reforma tributaria de Petro tiene frenadas inversiones en Colombia, dice encuesta)

Explicaron desde el Comité que el reto en materia de finanzas públicas sigue siendo complejo, sobre todo cuando no se apaciguan las dificultades desde el lado de la inflación y un mercado laboral todavía resentido por la pandemia del Covid-19. 

De acuerdo con Juan Pablo Córdova, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) y del Comité, aseguró que el Presupuesto General de 2022 y la modificación del techo del mismo es consistente con los escenarios macroeconómicos y con el Marco Fiscal.

Un punto importante a tener en cuenta es que, sin considerar recursos adicionales por la reforma tributaria, la programación fiscal para 2023 muestra niveles de gasto primario que son mayores a los de 2022 (1,3 % del PIB) y a los de antes de la pandemia (2,5 % del PIB).

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“El Comité considera que es riesgoso elevar las necesidades de financiamiento de la nación. Los déficits fiscales programados para el Gobierno Nacional Central, más los generados por el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), requerirán el mayor monto a financiar en la historia de la nación”, dijo Córdoba.

La recomendación entonces es que, por cuenta de las fuertes presiones que se mantienen en materia de gasto y los altos niveles de déficit, es necesario que Gobierno y Congreso adelanten una agenda para hacer más eficiente el gasto y viable el ajuste fiscal.

“Se recomiendo al Gobierno promover una agenda legislativa y regulatoria que busque reestructurar el gasto público para flexibilizarlo”, concluye Córdova.s.

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